El caso se venía investigando desde el año 2002, pero recién ahora se reunieron las pruebas necesarias para tomar medidas en contra de sus responsables, todos ellos miembros de la Policía Bonaerense que cumplieron funciones, en distintas etapas, en la comisaría primera de Lanús, en la zona sur del conurbano bonaerense. Por un lado actuó la División Asuntos Internos, que pidió la exoneración de 16 miembros del personal uniformado. De ese total, 13 quedaron procesados y detenidos en una causa penal en la que se investigan casos de extorsión y de cohecho (pago de coimas) en perjuicio de personas detenidas en esa y en otras seccionales del mismo partido. Los que denunciaron, se presume, fueron los que no pudieron reunir el dinero para pagar las cantidades que les exigían los policías. La metodología es sencilla y conocida, ya que ha sido denunciado antes en más de una causa penal: los policías detenían a personas con antecedentes y las dejaban en libertad, si los involucrados aceptaban pagar la suma requerida para “hacer la vista gorda”. Los que no pagaban iban presos y, en algunos casos, hasta los habrían amenazado con “fabricar” pruebas falsas para imputarles cargos más graves de los que les correspondían.

Al parecer, el jefe de la organización delictiva era un capitán (el cargo es equivalente al de comisario, en el antiguo escalafón), cuyo nombre se mantuvo en reserva. Los otros imputados eran subordinados suyos, algunos de los cuales se desempeñaban como jefes o subjefes de calle. “Lo que hacían era detener a personas con antecedentes a las que luego les pedían una suma de dinero que dependía del ‘nivel’ de cada uno de ellos. Si eran ‘pesos pesado’ del delito, el dinero que pedían era más importante que si se trataba de principiantes”, explicó a Página/12 una fuente cercana a la investigación, que está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Carlos Ferreiro Pella.

Una fuente del gobierno bonaerense explicó que las maniobras “incluían la falsificación de documentos públicos, ya que cuando los detenidos aceptaban pagar, la detención se asentaba, pero en lugar de mencionar el verdadero nombre, se ponía otro, el de una persona ‘limpia’, que supuestamente había sido llevada por averiguación de antecedentes o en algún operativo de prevención del delito”. La investigación la había iniciado en forma reservada, en 2002, Auditoría de Asuntos Internos. Ayer, el Ministerio de Seguridad confirmó la exoneración de 16 policías que están vinculados con la investigación con distinto grado de responsabilidad.

Una versión señaló que, además de los 13 detenidos –ayer comenzaron a prestar declaración indagatoria ante el juez Ferreiro Pella–, también se había ordenado la captura de otros tres. Una fuente del gobierno, consultada por este diario, aseguró sin embargo que hay 13 detenidos y otros tres efectivos “sólo fueron sancionados a nivel administrativo”. Los casos denunciados de extorsión fueron presentados por presos que se negaron a pagar el dinero que se les había requerido “para dejarlos en libertad o para atenuar los cargos en su contra”.

Ladrones famosos, como Luis “El Gordo” Valor, Hugo “La Garza” Sosa o Daniel “Tractorcito” Cabrera, han denunciado con anterioridad casos similares de extorsión y en algunos juicios el tema salió a la luz y la Justicia ordenó seguir las investigaciones, que muchas veces fracasaron por dificultades en la obtención de pruebas.

A fines de 1999, en un juicio que se realizó en los tribunales de San Martín contra la llamada “superbanda” liderada por Luis Valor, el tribunal ordenó una investigación porque se había comprobado que uno de los miembros de la organización, Daniel Hidalgo, había sido detenido y liberado por la ex Brigada de Morón, liderada entonces por el comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, una de las figuras más controvertidas de lo que se dio en llamar la “maldita policía”.