El proyecto oficial que habilita el traspaso desde las AFJP al sistema de reparto provocó una fuerte crítica de los economistas liberales y numerosos interrogantes entre los trabajadores que deberán optar. En diálogo con Página/12, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reivindicó ayer los cambios que se vienen, cuestionó la trayectoria y los argumentos “de esa minoría que se considera liberal y cuestiona la libertad de opción” y negó que éste sea el primer paso de una reforma integral tendiente a eliminar el régimen de capitalización. “Me inclino más por un esquema de complementariedad que de desplazamiento. Nosotros no queremos volcar la balanza a favor del sistema de reparto. Lo que procuramos es que la gente pueda tener información para elegir la opción que más le conviene”, aseguró.

La propuesta anunciada el miércoles pasado formaba parte del plan de gobierno presentado por el entonces candidato a presidente Néstor Kirchner, durante la campaña electoral de 2003. Sin embargo, el proceso de renegociación de la deuda pública en default, del que participaron las AFJP, y el fuerte lobby de las administradoras demoró la definición en varias oportunidades. “Era un tema que estaba pendiente y que lo íbamos a sacar en algún momento”, aseguró el ministro. “La decisión se inscribe en una política previsional que opera como un mecanismo más de inclusión social. El incremento de la jubilación mínima, la mejora en los ingresos de toda la escala, la apertura de la jubilación anticipada y la moratoria para incluir a los trabajadores que hasta ahora no tenían posibilidad de jubilarse forman parte del mismo proceso”, remarcó.

La reforma que introdujo el régimen de capitalización en 1994 se impulsó con la intención de favorecer el ahorro jubilatorio para mejorar las prestaciones y fomentar el mercado de capitales. Sin embargo, la población sin cobertura aumentó y el sistema no sirvió para financiar la inversión de largo plazo, como se preveía en un comienzo. A su vez, debido a la transferencia de los aportes a las AFJP el Estado dejó de recaudar 75.000 millones de pesos entre 1994 y 2001, que se cubrieron con deuda, la cual, paradójicamente, fue financada por las AFJP hasta que el Estado entró en default, afectando los ahorros previsionales. En el Gobierno sostienen que el pasaje de reparto a capitalización que desfinanció el sistema público luego de la reforma no fue producto de la “libre elección” sino de un conjunto de distorsiones y de algún exceso en la legislación vigente que ahora se pretende reparar.

Tomada remarcó esta posición durante la charla con Página/12. “A pesar de haberse gestado al calor de las políticas liberales, el sistema de capitalización tiene como rehenes a los trabajadores. De cada 10 personas siete son indecisos que fueron derivados a las AFJP. Esa es la razón por la cual el sistema creció. Al amparo de la desinformación y el desconocimiento. Las políticas liberales que plantean la no intervención del Estado, en realidad lo que lograron es un Estado que intervino en defensa de determinados intereses. ¿Dónde está la libertad del régimen de capitalización? En realidad, lo que se le dice al trabajador es ‘usted va para allá y de allá no se mueve’. Ahora los trabajadores van a poder informarse y optar de verdad”, afirmó.

Más allá de la intención oficial, resultará muy difícil para el trabajador realizar una elección racional desde el punto de vista económico al no tener en claro su futuro laboral ni lo que le espera al país en las próximas décadas. Por lo tanto, muchos terminarán optando por cuestiones ideológicas o corazonadas. Tomada es consciente de esta situación y aclara que “nosotros damos tiempo para decidir el traspaso y apostamos a un horizonte más estable en la Argentina. No obstante, la gente tendrá la opción de volver a revisar su propia decisión en el futuro”.

Al consultarle sobre aquellos análisis que sostienen que a los menores de 50 años les conviene permanecer en el régimen de capitalización, el ministro se limitó a decir que “puede haber alguna tendencia en ese sentido, pero el mercado laboral tiene una complejidad muy grande y no me parecen útiles los supuestos que parten de situaciones muy lineales. Pueden servir para ejemplificar, pero para la toma de decisiones hay que revisar cada caso”.

El proyecto de ley oficial establece que el aporte de los indecisos que ingresan al circuito laboral deberá ir directamente al régimen de reparto. También se aclara que para el calculo de la jubilación estatal se reconocerá el 1,5 por ciento del promedio salarial de los últimos diez años y no el 0,85 por ciento como hasta ahora. Además, los afiliados a las AFJP ya no tendrán la garantía del haber mínimo si consumen el dinero acumulado en su cuenta. Estos puntos incentivan el pasaje al régimen público. Sin embargo, el ministro aclaró que “me inclino más por un esquema de complementariedad que de desplazamiento. Nosotros no queremos volcar la balanza a favor del sistema de reparto. Lo que procuramos es que la gente pueda tener información para elegir la opción que más le conviene. Es probable que haya una mayor inclinación por el régimen estatal, pero no porque el Gobierno lo fomente sino porque la gente está recuperando la confianza en el sector público debido a la seriedad en el cuidado de las cuentas fiscales y la eficacia de los servicios que presta la Anses”. Habrá que esperar a que se habilite el traspaso para saber hasta qué punto la gente coincide con el ministro.