La principal consecuencia que parece desprenderse del fallo de la Corte de La Haya es que a los gobiernos de Uruguay y Argentina no les queda otro camino que el diálogo al más alto nivel para superar un diferendo cuya escalada ha ido complicando hasta límites insospechados la relación binacional. La cuestión de fondo sigue en la agenda del tribunal internacional, pero la sola suposición de que ambos países no encuentren una solución en los largos tiempos judiciales en los que suelen solventarse este tipo de diferendos implicaría la imaginación de un inconcebible escenario de congelamiento prolongado de sus relaciones mutuas.

También hay que consignar que la iniciativa diplomática parece haberse desplazado a favor de la Argentina. El tratamiento de la delicada cuestión de los cortes de ruta por parte de los asambleístas entrerrianos no se dará en el complicado contexto de una resolución internacional que obligara (o exhortara) al gobierno argentino a terminar con esas prácticas. No hay duda de que un escenario de esas características hubiera complicado más aún la exploración de caminos para el acercamiento. Ahora las autoridades argentinas podrán, a favor de la resolución, intensificar su labor de persuasión contra una modalidad de protesta que termina por dejar en manos de algunos cientos de vecinos una cuestión estratégica como es el vínculo con un país hermanado con el nuestro por sólidas y añejas cuestiones históricas y culturales. El Gobierno no está obligado por una decisión internacional pero, en cierto sentido, lo está por un sentido de la racionalidad y la legitimidad democrática. De otro modo, se estaría facilitando un precedente complicado en cuanto al poder de decisión de las minorías hiperactivas por sobre las instituciones y las leyes de la democracia.

La visible reticencia al diálogo del gobierno uruguayo queda sin uno de sus puntales argumentativos. La posición que se resume en la frase “no hay diálogo si no se despejan las rutas” ha quedado debilitada: ambos países tienen que avanzar hacia un diálogo maduro sin ningún condicionamiento de partida. De hecho, es posible volver al punto en el que se encontraba la cuestión cuando, en marzo pasado, en oportunidad de la asunción por Bachelet de la presidencia de Chile, ambos presidentes acordaron iniciar un diálogo. En aquella ocasión, los cortes de ruta fueron suspendidos, pero la otra condición del diálogo –el cese momentáneo de la construcción de la fábrica Botnia– no se cumplió y, en consecuencia, la negociación no se concretó.

Puede suponerse que el largo tiempo que lleva la impasse en las relaciones entre ambos países y el problema que esto significa para el conjunto de la región terminará convenciendo a las partes de que no hay otro camino que el diálogo. Hoy se suma, además, la laboriosa gestión que viene realizando el facilitador designado por la corona española. Ha trascendido una serie de propuestas creativas que podrían barajarse para abrir la negociación. Claro que se trata de un proceso de mutuas concesiones que no dará satisfacción a aquellos que sostienen las posiciones más extremas: ni a los ecologistas radicalizados que no aceptan otra solución que la retirada de Botnia, ni a quienes, del lado uruguayo, consideran que el litigio no es de naturaleza ecológica sino de ataque a su soberanía y a su dignidad nacional.

Un final razonable del conflicto sería una ganancia para ambos gobiernos y ambos pueblos. La ira nacionalista ha demostrado ser una pésima aliada para la solución del diferendo. La lógica satisfacción del gobierno argentino por un fallo que equilibra una situación que muchos caracterizaban como absoluto fracaso diplomático puede abrir paso a una iniciativa generosa que, en tiempos breves, ponga las cosas en el lugar del que nunca debieron salir.

* Politólogo.