Con esfuerzos de ambas partes para recomponer el clima de diálogo, el Gobierno y los dirigentes agropecuarios sellaron ayer un acuerdo que relajará las condiciones financieras para los endeudados con el Banco Nación, concretará un subsidio a los productores trigueros, maiceros y ganaderos –aquí la mayor novedad– y mantendrá hasta fin de año el peso mínimo de faena en 240 kilos, honrando así varias aspiraciones del sector. Pero en el cónclave que tuvo como interlocutores oficiales a la ministra de Economía, Felisa Miceli; al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, no hubo avances tan contundentes como esperaban los productores sobre el inmediato retiro de los inspectores de Guillermo Moreno del Mercado de Liniers ni sobre la liberación total de las exportaciones cárnicas. Estos puntos se siguieron discutiendo durante la tarde, con la idea de que a más tardar el martes próximo podría estar pulido un minipaquete específico, cuya médula es un fondo para “compensar” a los dueños del ganado. Por ayer, subsidios y promesas.

“Sabemos que no se puede dolarizar el pan de los taxistas. Pero tampoco está bien que los exportadores o hipermercados ganen más de la cuenta mientras los productores nos perjudicamos”, declaraba ante Página/12 Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, enmarcando las aspiraciones que resultaron sólo parcialmente contempladas. El corazón del reclamo sugerido por el dirigente de FAA no es otro que participar de la renta de los exportadores, aunque reconociendo límites a ese afán.

Aunque no queden absolutamente satisfechos, los hombres de campo están buscando bajar el nivel de belicosidad que caracterizó su relación con el Gobierno hasta ahora para no frustrar las negociaciones en marcha. Para la administración oficial es un objetivo estratégico mantener en sus cabales a un sector económico díscolo, que encabezó varias protestas virulentas, en particular en un año electoral. Tan así es que los dirigentes encontraron al jefe de Gabinete “muy bien dispuesto” y a la ministra de Economía, con su presunta “actitud defensiva” depuesta.

Del encuentro matutino los dirigentes del agro (Coninagro, CRA, Sociedad Rural y Federación) se llevaron la alternativa de refinanciar los millonarios y en algunos casos añejos pasivos con el Banco Nación con un plazo más extenso (12 años), una reducción de la tasa al 8 por ciento y una quita para quienes los cancelen dentro de los próximos 360 días. Las deudas menores a 20 mil pesos tendrían un tratamiento especial a través de la constitución de un fideicomiso.

También tuvieron la ratificación de que los productores de trigo recibirán una “compensación de precio” para cobrar los 410 dólares la tonelada que hoy resulta de restarle las retenciones al precio internacional, por encima de los 360 o 370 que ellos consiguen embolsar. Esta subvención regirá para los que aún no han vendido su cosecha, lo que de hecho excluye a los productores más chicos, que por incapacidad financiera fueron los primeros en deshacerse de los granos.

Los recursos saldrán de los 4 puntos adicionales de derechos de exportación a la soja, cuyo precio no deja de subir. Finalmente, la vía del subsidio será utilizada además para permitir que los productores de pollos, porcinos y feed lot puedan conseguir el maíz más barato. El propósito final de las subvenciones es siempre el mismo: contener el precio de los alimentos que integran la canasta básica.

El renglón más urticante, sin embargo, es el de la carne. Al término de la reunión de la mañana, De Urquiza ratificó que hasta fin de año el peso mínimo de faena será de 240 kilos, lo que permite aumentar la oferta con la venta de terneros. También el mantenimiento de precios de referencia para los doce cortes vacunos más populares, lo que supone dejar libre el 65 por ciento de la res para que sea comercializada al precio del mercado internacional (atenuado por los derechos de exportación). Una fórmula que ya se había anunciado a principios de abril del año pasado y que entonces no resultó muy eficaz para abaratar la mercadería al menudeo.

Lo novedoso es la decisión de instrumentar un fondo compensador para mejorar los ingresos de los productores, que hoy venden en Liniers bajo la presión de los 2,60 pesos el kilo que les “indica” la Secretaría de Comercio Interior. La primera hipótesis de trabajo es que los recursos para este subsidio saldrían de la exportación. Pero la fórmula precisa para instrumentar esta subvención que ayer planteó el Gobierno no convenció a los productores, lo que dejó abierta la discusión.

La apuesta es que si se instrumenta ese fondo, Liniers se podría librar de los inspectores de Guillermo Moreno, quizás, la próxima semana.