La Cámara de Casación le concedió la libertad a Jorge Olivera Rovere, quien fue segundo de Carlos Guillermo Suárez Mason al frente del Primer Cuerpo de Ejército. El represor está cerca de ir a juicio, pero ahora podrá esperar el inicio de las audiencias en libertad. Dependerá de que deposite los 250 mil pesos que el tribunal oral le impuso como caución.

Página/12 informó el lunes que los abogados de distintos organismos de derechos humanos consideran a la Cámara de Casación uno de los principales obstáculos a vencer para el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Allí se acumularon más de cien planteos en los que deben expedirse los jueces. Y algunos esperan por una resolución hace más de tres años. Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, planteó además que existía una doble estrategia: demorar las causas y a la vez conceder las excarcelaciones de los acusados porque están mucho tiempo sin condena.

Olivera Rovere tuvo a su cargo todos los centros clandestinos que funcionaron en la Capital Federal. Está acusado de 180 casos de desapariciones y asesinatos. Fue detenido en abril de 2004, después de que el juez Rodolfo Canicoba Corral declarara la inconstitucionalidad de los indultos. El magistrado Daniel Rafecas elevó la causa al tribunal oral y rechazó su pedido de excarcelación. Lo mismo hizo la Cámara Federal, que señaló que el carácter de desaparecidos de las víctimas obedecía a que no se pudo esclarecer el destino de las personas que fueron secuestradas y que esto implicaba que “no se han colectado aún todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos”. Agregó la Cámara que el hecho de que el imputado fuera un “agente estatal de alto rango” durante la última dictadura militar implicaba que había serios riesgos de que intentaría obstruir el avance de la Justicia, ya sea para evitar que se conozca el destino de los desaparecidos como para no ser condenado.

La Cámara de Casación se opuso a ese razonamiento. Los jueces Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia consideraron que el represor no pondría palos al accionar de los jueces. Además, criticaron a la Cámara Federal por no haber mencionado qué pruebas estarían pendientes ni de qué forma el acusado podría hacerlas desaparecer.

El tercer juez del tribunal, Edgardo Fégoli, rechazó la excarcelación y coincidió con los argumentos de la Cámara Federal. Agregó, además, que el represor “está imputado de homicidios agravados y privaciones ilegales de la libertad, que hablan de la extrema gravedad y pluralidad de los delitos, todos ellos cometidos en forma violenta”.

El abogado Rodolfo Yanzón consideró “inadmisible” el fallo e informó que denunciará a Hornos y Capolupo de Durañona y Vedia ante el Consejo de la Magistratura. Además, señaló que Olivera Rovere “es responsable de desapariciones forzadas que se siguen cometiendo al día de hoy y que en todos estos años se ha beneficiado con la falta de información que, él, como otros acusados, tienen sobre las víctimas”. El representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre aseguró que “efectivamente la prisión preventiva se debe aplicar de manera excepcional”, pero que los casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura “son las excepciones, tanto porque los imputados retienen información como porque continúan cometiendo varios de los delitos que se les imputa”.