Tal como había adelantado Página/12, ayer fue apelado el fallo de la jueza de Mar del Plata Silvina Darmandrail, que autorizó el aborto terapéutico de V. O., una menor de 14 años que fue abusada sexualmente por su padrastro. La apelación, ante la magistrada, fue presentada por la asesora de menores Silvia Fernández, que por mandato de la Fiscalía General marplatense, en un caso como el presente, tiene la obligación de defender los derechos “del niño por nacer”. La niña embarazada está en la décima semana de gestación y por esa razón la jueza dijo que todas las partes involucradas, a nivel del Poder Judicial, están trabajando “con la mayor celeridad posible”, a fin de permitir que la interrupción del embarazo pueda realizarse –si el fallo de primera instancia es ratificado en las instancias superiores– en los tiempos médicos requeridos, que se estima no podrían ir más allá de la semana número veinte. Fuentes allegadas a la causa dijeron a este diario que la jueza resolvió enviar la apelación a la Cámara Penal y no a la Civil, como se hace en forma habitual en las cuestiones de familia, dado que lo que se tiene que resolver es si el aborto terapéutico puede realizarse, en el caso, de acuerdo con lo que establece el artículo 86, inciso 1º, del Código Penal.

“La discusión es sobre una figura tipificada en el Código Penal y la apelación de la asesora de menores, luego de mencionar que la causa se planteó como un problema asistencial, también señaló que lo que se discute es la aplicación o no, en este caso, del inciso 1º del artículo 86 del Código. Por esa razón, la jueza decidió enviar la apelación, para su tratamiento, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Mar del Plata”, confirmó a este diario una fuente judicial.

Ayer mismo se realizó el sorteo de la Sala de la Cámara que tendrá que reunirse el lunes para analizar un tema considerado “de suma urgencia” por la naturaleza del pedido. “Lo que se supone es que el lunes mismo habrá una resolución de la Cámara Penal, al menos en cuanto a si acepta o no que el caso corresponde a ese fuero o si debe ser remitido al fuero Civil”, precisó el vocero judicial.

“Es una causa muy especial, donde el tema en discusión tiene que ver con la aplicación del Código Penal. Lo que se estima es que el lunes va a darse a conocer una resolución, porque todo el aparato judicial está pendiente del tema y se tiene conocimiento pleno de la necesidad de actuar con premura”, insistió la fuente consultada por Página/12. En su fallo, la jueza Darmandrail autorizó la “interrupción del embarazo” porque la situación de la niña de 14 años “configura un estado de necesidad”, teniendo en cuenta “el riesgo que corre la salud física y psíquica” de la chica. En declaraciones a la prensa (ver aparte), la jueza advirtió que “el hecho de continuar con el embarazo producto del incesto puede concluir en patologías graves que terminen en un suicidio”.

Desde el punto de vista jurídico, lo que está en discusión es la decisión de la jueza de autorizar el aborto terapéutico por encuadrar el caso “sin forzar demasiado los argumentos” en el inciso 1º del artículo 86 del Código Penal. Allí se expresa que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible” si la interrupción del embarazo “se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. En el caso de la menor V.O. el hecho es más grave porque fue violada por su padrastro.

La autorización de la jueza fue apelada ayer por la asesora de incapaces Silvia Fernández, que asumió en la causa la defensa “del niño por nacer”, mientras que otra colaboradora del mismo Juzgado número 1 de Mar del Plata, Adriana Franco, tomó a su cargo la representación de la menor V. O. “En las causas asistenciales, que son las que llevan los juzgados de menores, por lo general interviene una sola asesora, que siempre asume la defensa del menor, porque por lo general la contraparte es un adulto, que es representado por un defensor particular o de otro fuero”, explicó un vocero judicial que explicó las razones por las cuales la asesora Fernández tuvo que asumir la representación “del niño por nacer”, por disposición de la Fiscalía General de Mar del Plata.

“En los juzgados de menores intervienen dos asesores cuando hay intereses contrapuestos. Los casos más comunes ocurren cuando hay una denuncia contra una menor-madre que maltrata a su hijo o hija, también menor. En esos casos, hay dos asesores, representando cada uno a las partes en litigio, que son menores las dos. En este caso, al ‘niño por nacer’ también se lo considera un menor y por eso, a la doctora Fernández le tocó esa representación y en ese carácter hizo la apelación”, comentó una fuente cercana a la causa.

La necesidad de que la menor V.O. sea sometida a un aborto terapéutico fue fundamentada en los informes psicológicos que sostienen que la niña “es ya una paciente en riesgo psíquico, con una fragilidad estructural agravada por el trauma, la no respuesta a su deseo (de abortar) y la imposición de que acepte un embarazo que rechaza”. En ese marco, el informe considera “previsible que a medida que el tiempo de gestación avance, este riesgo de desborde se incremente. En esta instancia, el derrumbe psíquico es un hecho que expone a la menor a una patología psiquiátrica severa irreversible”. En ese punto fue que la jueza Darmandrail consideró que hay peligro “para la vida o la salud de la madre” adolescente.