A la parapolítica colombiana algunos le dicen fenómeno. Pero ya casi nadie cree que se trate de algo extraño, aunque a muchos los sigue sorprendiendo saber que sí es cierto que hay congresistas y gobernantes que recibieron y entregaron dinero y poder a los paramilitares. Esos políticos que se aliaron con los paras fueron los gestores de lo que hoy se conoce como parapolítica. Ellos son, entonces, los parapolíticos y el jueves tres fueron arrestados: los senadores Alvaro Araújo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof. Los detenidos fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, que ya había ordenado la captura de otros tres congresistas. Están detenidos, después de indagatoria, Alvaro García Romero, Jairo Merlano y Erick Morris, también congresista, y la ex representante Muriel Benitorebollo. Así son ya diez los “padres de la patria” que están tras las rejas por sus relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Este es uno de los momentos de más alta tensión desde que la parapolítica está en la agenda pública de los colombianos. Durante los últimos años se murmuraba que la política y las fuerzas militares habían sido infiltradas por los paras, esos colombianos que se armaron hace tres décadas para defenderse de las guerrillas y poco después se convirtieron en extorsionistas, asesinos y narcotraficantes, que hoy están desmovilizados (ver aparte), en el marco de un proceso de negociación con el gobierno nacional. Y hasta del mismo presidente de la república, Alvaro Uribe, se ha dicho que tiene vínculos peligrosos con las autodefensas. El senador Gustavo Petro, del partido de oposición Polo Democrático Alternativo, anuncia para marzo un debate en el Senado sobre el papel de Uribe en la conformación de fuerzas paramilitares en los años noventa, cuando fue gobernador de Antioquia, una de las provincias más importantes del país, cuya capital es Medellín.

Así que las sospechas sobre la parapolítica no son recientes, pero sí se hicieron mayores y más tarde se demostraron cuando el ex jefe para Salvatore Mancuso entregó a la opinión pública el llamado Acuerdo de Ralito. Se trata de un documento firmado el 23 de julio de 2001 por 11 congresistas y los jefes paras Jorge 40, Diego Vecino, Don Berna y el mismo Mancuso. Los políticos y los paras se reunieron en Santa Fe de Ralito, al norte del país, para acordar y firmar un documento que define los términos para “construir una nueva patria”. Los legisladores firmaron, entonces, un acuerdo con los jefes en una de las épocas de terror más agudas del paramilitarismo, y con delincuentes que eran, en ese momento, buscados por la Justicia.

“La infiltración de los grupos ilegales en la política no es un asunto nuevo. Lo que sucede ahora es que se hizo público un documento firmado por senadores y se están entregando pruebas de que hubo relaciones y pactos entre ellos y miembros de autodefensas”, explicó para Página/12 el ex asesor de Paz Jaime Fajardo Landaeta.

Hoy el escándalo sacude a los más reconocidos parlamentarios, alcaldes, concejales y gobernadores del país. Son 60 las personas que la Corte Suprema ha llamado a declarar en el proceso que espera aclarar quiénes, por qué y con qué fines, han establecido relaciones de poder con los paras colombianos. El ex candidato presidencial Horacio Serpa, que dijo que “la curva de ascenso del presidente coincide con la consolidación del poder paramilitar y la celebración de pactos entre políticos y autodefensas”, está en la lista de los llamados a hablar sobre este fenómeno que es la parapolítica colombiana.