En Colombia, los paramilitares no son un problema del pasado. A sólo meses de las masivas desmovilizaciones que el gobierno de Alvaro Uribe tanto celebró, miles de paramilitares habrían retomado las armas y reorganizado sus actividades en las regiones dominadas por el narcotráfico. El gobierno reconoció que no sabe qué sucedió con casi cinco mil desmovilizados y que no tiene suficientes recursos como para asegurarles cobertura médica y una salida laboral a todos los hombres que participaron hasta ahora del proceso. Dos de los jefes paramilitares que se encuentran en prisión, Salvador Mancuso y Carlos Mario Jiménez, advirtieron a la Justicia que más de cinco mil de sus antiguos hombres, incluyendo 500 mandos medios, se están rearmando.

Como si estas cifras no fueran una alarma suficiente, cuatro dirigentes sociales que habían denunciado los crímenes del paramilitarismo fueron asesinados este último mes. Carmen Santana, Yolanda Izquierdo, Oscar Cuadrado Suárez y Gustavo Espitia habían ayudado a otras personas a denunciar las violaciones a los derechos humanos de estos grupos armados a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Este organismo es uno de los pilares que soporta el proceso de desmovilización y debería haberles garantizado seguridad a los denunciantes. Pero no sucedió. Como tampoco sucede con las cientos de familias que ya denunciaron amenazas y siguen desprotegidas de una red paramilitar que dista de estar disuelta, como asegura Uribe.

Pero para el gobierno los asesinatos, la quema de sedes de organismos de derechos humanos y las amenazas a intelectuales no son síntomas de la supervivencia del paramilitarismo. Como tampoco lo es que los territorios manejados por los nuevos grupos armados –simples bandas criminales para el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín– coincidan casi hasta el último centímetro con las regiones que antes manejaban los distintos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar del país que oficialmente ya no fue desmovilizado.

Estos nuevos grupos armados se hacen llamar Aguilas Negras y estarían ganando presencia en todo el país, especialmente en aquellas zonas donde el negocio del narcotráfico es más fuerte. “Hay lugares, como el departamento de Cauca, donde los narcos han contratado a personas desmovilizadas y otras que nunca se desmovilizaron para que les den protección”, explicó a Página/12 Régulo Madero, uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

La visión de Madero y la del gobierno son parte de un debate que incluye a funcionarios, organizaciones sociales, intelectuales y a los propios jefes paramilitares. ¿Quiénes son estos nuevos grupos? Según el politólogo del Instituto Popular de Capacitación de Medellín, Jesús Balbín, hay tres respuestas. Para el uribismo son nuevos criminales que simplemente empezaron a ganar poder. Para las víctimas son la prueba de que no todos los paramilitares se desmovilizaron y no todas las armas fueron entregadas. Para Balbín, en cambio, la cuestión es un poco más complicada. Hay hombres y armas que no se entregaron, hay otros que se desmovilizaron pero al encontrarse sin dinero ni trabajo decidieron volver al oficio que mejor conocían, hay un negocio multimillonario ilegal que necesita protección ilegal y hay un sinfín de jóvenes desesperados y sin futuro que compran la promesa de poder y riqueza fácil.

El propio jefe paramilitar Ernesto Báez había advertido no hace tanto desde su prisión sobre las consecuencias de un proceso de paz hecho a medias: “Si no los ayudan a los desmovilizados, la próxima generación paramilitar será más violenta y sanguinaria que las anteriores”.