En una suerte de declaración de guerra, los radicales lavagnistas se cruzaron ayer fuertemente con Felisa Miceli y su equipo, en torno de la causa por el pretendido pago de una indemnización de 618 millones de pesos al Grupo Greco, ex propietario del ex Banco de los Andes y de una treintena de empresas vitivinícolas y otras vinculadas con esa actividad. Los senadores de la UCR Gerardo Morales y Ernesto Sanz lograron que una jueza del fuero administrativo le impusiera un plazo de cinco días a la ministra de Economía para que responda un requerimiento de los citados en referencia al caso, con la intención de exponer la actuación de la jefa del Palacio de Hacienda en el asunto. Pero Miceli y su gente habían decidido previamente pasar al ataque: Página/12 obtuvo ayer copia de la presentación que esta misma semana hizo dicha cartera ante la Justicia, en la que amplía la denuncia contra ex funcionarios de Economía que actuaron en el caso, presuntamente favoreciendo al Grupo Greco y en perjuicio de los intereses del Estado nacional. Entre otras medidas, el escrito solicita que se indague sobre el eventual engrosamiento patrimonial, entre otros, a dos ex funcionarios de estrecha vinculación con Roberto Lavagna, que lo acompañaron en su gestión entre 2002 y 2005: Eduardo Pérez, ex secretario Legal del ministerio, y Osvaldo Siseles, ex subsecretario de la misma área. También solicitan que se investigue si el ex presidente del Banco Central Pedro Pou obtuvo algún beneficio en vinculación al caso.

La jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento accedió al pedido formulado por los senadores Sanz y Morales y le reclamó a Miceli que “en el plazo de cinco días” dé satisfacción a la demanda de aquéllos en torno del caso Greco. Una fuente del Ministerio de Economía señaló que “los senadores incluyeron las mismas preguntas en el cuestionario que su bloque presentara al jefe de Gabinete cuando éste concurriera días atrás al Congreso de la Nación” y aseguró que “la ministra ya dio detallada respuesta y por escrito”. La fuente, muy cercana a Miceli, reprochó a los dos senadores que “omitieran hacer saber a la jueza que ya contaban con la información que reclamaron”.

Ernesto Sanz, sin embargo, insistió ayer en reclamar la información porque, “lamentablemente, por la vía parlamentaria, mucha suerte no tuvimos; utilizamos el decreto de acceso a la información pública para que nos informara, pero ella nos contestó muy ambiguamente, nos retaceó información”. Y agregó “no pedimos nada raro, simplemente saber qué pasa”. Curiosamente, las mismas sospechas sobre las que apuntan los radicales son las que centran la denuncia que elevó a la Justicia Felisa Miceli (a través de la actual subsecretaria Legal de la cartera económica, Alejandra Tadei). Sólo que revierte el peso de la acusación: en vez de caer sobre sus espaldas, deja expuestos a ex funcionarios que acompañaron la gestión de Lavagna, cuya candidatura presidencial es apoyada por los radicales. Aquellos funcionarios, con su accionar, habrían permitido que avance la pretensión de Greco por el cobro de una indemnización y habrían dejado “caer”, en el camino, la demanda del Estado contra el mismo grupo, que habría resultado en un saldo neto favorable al Estado.

La demanda de indemnización de los Greco se inicia durante el gobierno de Raúl Alfonsín (antes de 1986), denunciando la apropiación de las empresas del grupo por parte de la dictadura militar. El grupo Greco fue uno de los que se aprovechó de las condiciones creadas por el entonces ministro, José Alfredo Martínez de Hoz, para crear bancos (en este caso, los Andes) para absorber depósitos del público que derivaban en beneficio de sus propias empresas. Cuando éstas dejaban de devolver los préstamos, se buscaba hacer pagar la deuda al Banco Central.

No obstante el origen espurio del grupo, los Greco pretendieron recuperar sus activos cuando volvió la democracia. Hasta junio de 2003, este reclamo fue rechazado por las diferentes gestiones. Pero a partir de ese año, hubo un cambio de actitud de los representantes legales del Estado (Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, bajo el mando de la Secretaría Legal). La abogada María Eugenia Martínez, que se desempeñó en el área hasta 2003, fue reemplazada por la letrada Beatriz Pernas, bajo las órdenes de los directores Daniel García y Yolanda Eggink, el subsecretario Osvaldo Siseles y el secretario Eduardo Pérez. La nueva presentación judicial de Miceli pide al juez Sergio Torres que se reciba la declaración testimonial de Martínez y se tome indagatoria a los restantes.

En sus conclusiones, Martínez había expresado que “no existe un solo documento” que respaldara el reclamo de los Greco. “Por el contrario, es el grupo Greco el que está en deuda con el Estado.” Sin embargo, a partir de la posterior actuación de quienes la sucedieron, no sólo se convalidó la suma reclamada por los ex titulares del Los Andes, sino que se convalidó un fallo del juez Juan Francisco Soto en favor del reclamo, que ni siquiera tomó en cuenta la deuda de los Greco con el Estado, tal cual relata la denuncia de Miceli.

“La gestión estatal encabezada por el ex secretario Pérez y el ex subsecretario Siseles –dice el escrito de Miceli y Tadei– ha defraudado el cuidado de los intereses pecuniarios del Estado nacional (...) y en tal sentido resultan de aplicación las figuras de administración infiel de tales intereses públicos y de la violación de los deberes funcionales.” Además, la presentación reclama que se analice la situación patrimonial de Pedro Pou, que aparece extrañamente vinculado con la causa, demandando un depósito por 42 millones de pesos en el Banco de los Andes.