Sólo la preocupación casi obsesiva en el proceso electoral puede explicar algunas conductas últimas del Gobierno en el que no se reconoce ninguno de los rasgos virtuosos que podía reivindicar para la gestión cumplida. La audiencia con fotografía incluida que mereció el obispo misionero Joaquín Piña podía haber quedado como una muestra de “poner la otra mejilla”, si algunos funcionarios no hubieran intentado sobreactuar deslizando comentarios acerca de supuestas aperturas al futuro diálogo con el cardenal Jorge Bergoglio, tan difícil hoy como la semana pasada. Piña está retirado y, en esa condición, no puede ser “facilitador” de ningún encuentro, ya que ni siquiera participó de la última asamblea episcopal en la que se debatió el futuro de las relaciones con las instituciones republicanas, y en ese sentido su presencia en la Casa Rosada no aporta nada. Esto quedará como un traspié para los que malentendieron la oportunidad y el alcance de la audiencia, pero otros episodios son aún más significativos.

El primero, ineludible, es el que tiene que ver con la inexplicable morosidad de reflejos para salir al cruce de las demandas salariales de docentes y estatales de Santa Cruz, la provincia natal del presidente Néstor Kirchner, que la gobernó primero como intendente de su capital, Río Gallegos, y luego tres mandatos como gobernador, mientras su esposa la representaba en el Senado nacional hasta que mudó a territorio bonaerense. Además del matrimonio Kirchner, decenas de funcionarios del Poder Ejecutivo surgieron de la zona patagónica, en primer lugar la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, heredera de Cristina en la senaduría y candidata a gobernadora en las próximas elecciones, cuyo triunfo se descontaba debido a la mayoría de votos que formaban parte del patrimonio político familiar. Como sucede cuando se mira el paisaje más cercano, también esta vez el árbol tapó al bosque y lo que parecía, desde los ventanales de la Casa Rosada, una agitación laboral motorizada por un senador nacional, el actual intendente de Río Gallegos y un puñado de afiliados a la UCR, de un lado, y de un grupo de militantes trotzkistas, del otro, desembocó en una huelga docente de casi un mes continuado y la presencia multitudinaria (dadas las dimensiones provinciales) en mitines callejeros de protesta.

La percepción del conflicto como una conjura de necios –por lo que Alicia Kirchner se volvió invisible en las pasadas semanas– incluyó el episodio confuso, aun grotesco, del vuelco de un camión con acoplado frente a la residencia familiar en la capital provincial, tripulado por una persona que al ministro del Interior sólo le faltó vincular a las tropas sumergidas de Al Qaida, y ordenó el relevo del destacamento de Gendarmería que custodiaba el inmueble, aunque las primeras pericias judiciales redujeron la personalidad del agresor a la de un enfermo de “psicosis paranoide”. Antes de descartar cualquier hipótesis habrá que aguardar por las evidencias finales que reconozca el tribunal encargado, sobre todo si el Presidente sigue alertando en público que “ahora vendrán por mí”, sin más detalles, en una actitud de víctima potencial que resulta inusual para su temperamento desafiante y encrespado. Por fortuna para todos, al fin esta semana volvieron los reflejos del sentido común y las partes en pleito fueron convocadas al Ministerio de Trabajo nacional para buscar un acuerdo que devuelva las clases a los alumnos, la tranquilidad a la ciudad austral y, esto se verá, los votantes a sus cauces tradicionales. Sucede, no sólo aquí, que a veces la política no alcanza para entender lo que cambia en la sociedad y que sus líderes dejan de hablar la lengua del ciudadano medio.

Otro tema que ganó la primera plana mediática y de ahí saltó a las mesas de campaña electoral, tan flaca de carnadura propia, fue el llamado “caso Skanska”, referido a presuntos delitos de evasión fiscal y coimas vinculados a la construcción del gasoducto del Norte que, como toda obra pública, cae en el área de influencia, directa o indirecta, del superministro Julio De Vido. El presidente Kirchner, esta vez con rapidez de reflejos, salió a cortar las habladurías con una sentencia tajante: “Corrupción entre privados”, lo que habilitó al ente de control Enargas y al diputado Carlos Kunkel, uno de los “cristinos” más enfáticos, a vincular el caso con la corporación Techint, embarrando la relación de aliados que existía entre el Gobierno y la empresa de la familia Rocca. Fue su propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien salió a enmendarle la plana y “politizó” la corrupción acusando al Gobierno de la Ciudad de usar una de las llamadas “empresas fantasma” imputadas en la investigación judicial como vía de pago para publicidad en TV de propaganda institucional, con lo que también resultó envuelto en las habladurías el productor Marcelo Tinelli, receptor de esas órdenes y pagos publicitarios. A esta altura, el asunto podía pasar por un truco de la coreografía electoral, típica de los que bailan por el sueño de la victoria en las urnas. Si no quedó ahí es porque la mezcla de corrupción y política hizo saltar los tiempos hacia atrás en la memoria cívica, cuando esa nefasta combinación era definida por una frase emblemática: “Robo para la corona”.

Fue un obsequio casi inesperado para la mayor parte de los opositores, porque abrió la puerta a la espesa niebla que el Gobierno había evitado con mucho cuidado en la marcha de los negocios públicos. ¿Por qué Fernández politizó lo que había privatizado el Presidente? Imbuido de su condición de jefe del peronismo metropolitano, el encargado del gabinete de ministros habrá pensado que una acusación semejante le daba a la fórmula Filmus-Heller, la dupla de la boleta oficialista, un código de acceso a la victoria sobre el pacto Telerman-Olivera, por lo menos para llegar a la segunda vuelta contra Macri-Michetti, cuya ventaja en la primera votación del 3 de junio parece insuperable en las encuestas. Aunque falta un mes escaso para la primera cita, a lo mejor todavía hay tiempo para reflexionar lo que incidió en el pasado no tan lejano este tipo de injerencia partidaria en la suerte de la candidatura del ex canciller Rafel Bielsa, porque si hay algo que parece molestar a los porteños es que alguien pretenda influir en sus opiniones con sórdidas historias sobre “el hombre de la bolsa”, como si fueran criaturas necesitadas de guías paternales.

Por encima de estas contingencias, queda el fondo del problema: ¿hay funcionarios corruptos en algún nivel de la administración del Estado? En la búsqueda de una respuesta confiable, que sea aceptada por la sociedad sin lugar a dudas, la investigación judicial, confiada ahora a dos jueces de tribunales diferentes, es necesaria pero insuficiente. Una de las frases favoritas del oficialismo en los años ’90 era ésta: “Si tiene algo para denunciar, vaya a la Justicia”, porque sabían que los “jueces de la servilleta” harían lo mejor para los denunciados. Ningún consejo hizo más para el descrédito de los tribunales en el sentimiento popular que hasta hoy perdura. Será necesario, entonces, que el Ejecutivo, con sus propios medios, sin que sea necesario publicitar cada paso, en el momento debido, cuanto antes si es posible, presente una información acabada sobre lo sucedido, sin que le tiemble el pulso para ejecutar al infiel, si es que existe. La presunción de inocencia es un derecho jurídico, no político. No se trata sólo de salvar el honor de una administración, sino de aprovechar la circunstancia para combatir el legado cultural de los ’90.

En el discurso actual sobre aquellos años es frecuente encontrar críticas válidas a los efectos económico-sociales del programa neoliberal: concentración de la riqueza, precarización laboral, desempleo, exclusión social, y sigue la lista de daños. Con menor frecuencia, la crítica se detiene a examinar los perjuicios culturales, en el sentido más amplio del concepto, que produjo en la sociedad, algunos de los cuales todavía son reconocibles hoy en día y cruzan en vertical distintas capas sociales.

Es la cultura del sálvese quien pueda, cuyos ingredientes principales pueden reconocerse entre los que se movilizan sólo si le tocan el bolsillo o amenazan la seguridad personal, los de lealtad corporativa sobre el bien común, los que han perdido las nociones de la solidaridad, viven pensamientos cortos y sueños materiales, se aturden con el entretenimiento fácil, estiman más la viveza que la honestidad, se sienten ajenos a las reglas, carecen del sentido de Estado o de colectividad ... ¿Hace falta seguir enumerando para reconocer la herencia cultural de casi treinta años de pensamiento único conservador?

Nada de esto pone en peligro la continuidad de Kirchner en el Poder Ejecutivo, porque todas las encuestas de opinión, aun las de oposición, reconocen que no hay nadie que desafíe ese triunfo. Sin embargo, el panorama es diferente cuando el examen baja a cada distrito electoral, porque allí es donde se nota la debilidad orgánica de lo que hoy podría llamarse el kirchnerismo. Como lo anotó el obispo Piña al pedirle al Presidente que no intervenga en los comicios de Misiones: no hace falta si casi todos los candidatos apoyan a Kirchner. Eso no significa que el Presidente tenga en todos lados candidatos o coaliciones propias, por lo menos en distritos de la importancia de Capital, Santa Fe, Córdoba, y así de seguido. Es que la construcción de influencia hasta aquí, con todo el éxito obtenido, todavía le falta correlato orgánico, esa convergencia o movimiento que el Presidente sueña con edificar en los próximos años. Es una historia que comenzará a tomar forma en los datos de los escrutinios de este año.