Una grabación registrada por una cámara oculta permitiría probar cómo se opera en la trata de inmigrantes para trabajar con talleres clandestinos. La denuncia realizada por un trabajador ante la Justicia federal derivó ayer en un allanamiento a un taller clandestino en el barrio de Floresta, que sería propiedad del denunciado, quien se encargaría de viajar a Bolivia para reclutar costureros y colocarlos en talleres a cambio de dinero. En el procedimiento fue secuestrada maquinaria y detectadas infracciones a las leyes migratorias, pero no se pudo apresar al propietario, quien habría salido del lugar minutos antes del allanamiento. Tampoco fueron hallados los documentos que habría retenido el dueño del taller. “Me pedía 165 pesos para devolvérmelos, como reparación al perjuicio que yo le causaba por dejar de trabajar”, dijo a Página/12 Martín Mamani Molisaca, el inmigrante boliviano que presentó la denuncia.

Mamani fue el jueves a la casa de Lisandro de la Torre 966, en Floresta, donde vive el hombre que, según denuncia, lo trajo de Bolivia y a quien en esta nota se identificará como Juan Pedro C. Llevaba una cámara oculta en la que quedó registrado el momento en que él le reclama los documentos que le habría retenido –libreta de enrolamiento y cédula de identidad boliviana– y le ofrece 50 pesos porque, dice, es todo lo que tiene. El acusado se niega y le pide la totalidad del dinero reclamado, unos 165 pesos. La cinta ahora está en poder del juez federal Norberto Oyarbide, quien firmó la orden de allanamiento.

En la denuncia, Mamani fue acompañado por la Unión de Trabajadores Costureros, la Cooperativa La Alameda y la Defensoría del Pueblo porteña. También participaron del operativo la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad y de Migraciones.

Martín Mamani llegó a Buenos Aires en febrero. Todo empezó cuando escuchó un aviso en la Radio Cruz del Sur, de La Paz: “Necesito costureros para viajar a Argentina. 500 dólares por mes, pagos semanales”, decía el anuncio. Los interesados fueron convocados a una plaza del centro de la capital boliviana, donde Juan Pedro C. –ciudadano boliviano radicado en Buenos Aires– les explicó en qué consistía el trabajo.

“Partimos el 5 de febrero, primero hasta Potosí y de ahí a La Quiaca. Eramos 24 los que viajábamos, uno de ellos menor de edad”, relata Mamani a Página/12. “La mitad del grupo partió a Buenos Aires y el resto nos quedamos pasando la noche en la terminal, porque el patrón no encontró pasajes económicos. A la madrugada nos llevaron a Tucumán y ahí nos subieron a un micro trucho hasta plaza Once.”

Eso fue sólo el principio de la odisea, porque cuando lo llevaron a la casa del ahora acusado –la vivienda allanada ayer– junto a los otros trabajadores, el dueño de casa “se quedó con los documentos de todos”, denuncia Mamani. “Entonces llamó por celular a su compadre y nos empezó a repartir”, cuenta Mamani. El compadre era el dueño del taller de costura ubicado en la calle Roma 1060, en el barrio de Liniers.

“Al principio, el trato era bueno –recuerda Mamani–. Trabajábamos de 6 a 22. Pero después empezó a cambiar y como no terminábamos todas las prendas que él quería, se molestaba. Teníamos que trabajar hasta las 24, porque quería hacer 110 prendas por semana”. Eran camperas reversibles, de buena confección, pero Mamani no recuerda la marca.

Al taller llegó con otros dos compatriotas. “Al final, el pago no era por mes sino por prenda, seis pesos por campera. Y no podía hacer más de una o dos por día, porque las camperas tienen muchas vueltas. Así, el primer mes me pagó 300 pesos”, se lamenta el costurero.

Mamani dormía sobre un colchón, en el mismo taller. Cansado de las condiciones de trabajo decidió retirarse. “El patrón se quedó con una parte de mi paga por los gastos y perjuicios que había tenido”, dice el denunciante. Fue entonces que acudió al hombre que lo había traído, en busca de sus documentos. “No quería dejar las cosas ahí, quería hacer la denuncia y un amigo me aconsejó ir a la Unión de Costureros”, dijo Mamani. Ahora, su caso forma parte de la causa por reducción a la servidumbre que lleva Oyarbide.