A diez meses de haber asumido el gobierno, el presidente Alan García enfrenta una ola de protestas sociales y huelgas en todo el país, que ya han dejado varios heridos y al menos tres muertos. El gobierno ha reaccionado denunciando supuestas intenciones desestabilizadoras. “No descarto un complot político”, ha dicho García en respuesta a las protestas contra su gobierno. Acosado por las protestas y las huelgas, el gobierno ha disparado para todos lados, acusando a los movimientos sociales y sindicatos de estar motivados en sus protestas por los intereses del narcotráfico, del terrorismo y de los supuestos afanes desestabilizadores que el régimen le adjudica al líder opositor Ollanta Humala. Todo junto. Pero lo cierto es que las protestas y huelgas tienen motivaciones muy concretas.

Han sido los cocaleros quienes encendieron la mecha de las protestas. Un sector de los cocaleros, considerado el más radicalizado, inició hace tres semanas una serie de marchas y bloqueo de pistas exigiendo un diálogo con el gobierno para negociar la política de erradicación de la hoja de coca, negociación a la que el presidente García, que ha endurecido su discurso en el tema de la coca en busca del apoyo de Washington para la firma de un TLC, se opone tajantemente. El gobierno había asegurado que os cocaleros estaban aislados y García anunció amenazante: “Los pasaremos por encima”. Pero a pesar de los gestos triunfalistas y de las bravatas del gobierno, la huelga cocalera, lejos de extinguirse, se extendió a otros sectores. Los movimientos sociales de la región de Huánuco, en el centro del país, donde se concentran importantes plantaciones de coca, decidieron apoyar a los cocaleros y la protesta se convirtió en un paro regional de 72 horas, que se inició el pasado miércoles. Dos días antes, el lunes 30 de abril, la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, que agrupa a unos 110 mil mineros, se había declarado en huelga indefinida. García volvió a responder con un discurso amenazante, asegurando, sin mostrar otros argumentos que sus propias palabras, que cocaleros y mineros actuaban en concordancia y con el apoyo del narcotráfico y del terrorismo. Los mineros rechazaron indignados la acusación presidencial, que otros miembros del gobierno repitieron con insistencia. Los mineros exigen, entre otras cosas, mejoras salariales y ser contratados por las empresas mineras, que ahora los tienen bajo contratos temporales con empresas intermediarias, con lo cual eluden la ley que las obliga a repartir utilidades entre sus empleados.

A las protestas gremiales se sumaron las regionales. Y para agregarle más complicaciones al gobierno, el sindicato de maestros ha anunciado que está evaluando la convocatoria a una huelga nacional. El campo social pinta complicado para el gobierno de García.