Viernes, 6 de julio de 2007 | Hoy
La Asociación Empresaria Argentina, que lidera Luis Pagani, de Arcor, le propondrá al Gobierno un plan de ahorro general que involucre a todo tipo de usuario, incluidos los clientes residenciales.
Por Cledis Candelaresi
Mientras Guillermo Moreno realiza intempestivas visitas a las sedes de las energéticas para exigirles alguna solución para enfrentar la escasez de gas y electricidad, lo más granado del empresariado nacional busca cómo fijar posición ante el problema sin enfrentarse con el Gobierno. Después de varias reuniones entre grupos de socios, la Asociación Empresaria Argentina estaría dispuesta a pedirle una audiencia a Néstor Kirchner para sugerirle en privado la misma propuesta que ya formularon varios especialistas del área: un plan de ahorro general, que también involucre a los usuarios residenciales.
Mientras el miércoles pasado Moreno alborotaba en Boedo las oficinas de Transportadora de Gas del Norte, un núcleo de empresarios de AEA discutía en las oficinas de Puerto Madero qué posición adoptar frente a la crisis energética que golpea de un modo diferente al heterogéneo universo de socios. En lo que coincidieron hombres de intereses tan diversos como Enrique Locutura, de Repsol, o el constructor Aldo Roggio, es que no pueden mantenerse al margen del problema. Cuando el titular de la entidad, Luis Pagani, regrese de China, la intención es solicitar una entrevista con Kirchner para convencerlo sobre la necesidad de instrumentar un plan de ahorro compulsivo y no discriminatorio.
Por ahora es una idea germinal en AEA, siempre muy recatada a la hora de fijar posiciones, en particular sobre temas sensibles. Pero entre sus miembros fue ganando consenso el criterio de que ya no es suficiente con limitar los cortes de gas y de luz a los consumidores industriales, eximiendo de todo esfuerzo a los residenciales.
Según la visión patronal, no se trata de hacer lobby para que la producción se garantice un insumo crítico, sino de proponer algo casi de sentido común frente a una crisis de gran magnitud. De la propia información de Cammesa, administradora del mercado eléctrico mayorista, surge que el faltante de electricidad para una semana de frío intenso es equivalente al que en 1988 justificó apagones de los que no fueron amparadas las casas de familias.
La misma crítica situación se repetiría con el aumento de la demanda veraniega, siempre con el dato de que el consumo doméstico sube más que el de la producción. Mientras que en mayo la demanda creció un 8,1 por ciento promedio, la de las casas de familia subió un 15.
Pero una medida tan impolítica es resistida por el Presidente y por los funcionarios que están administrando la coyuntura, como el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, líbero que actúa como el interlocutor oficial más duro.
En el ejercicio de este rol, Moreno llegó el miércoles a la sede de TGN reclamando ver a las autoridades del consorcio que Techint opera junto a Total, CGC, CMS y Petronas. El propósito era reiterar personalmente el mensaje que el mismo funcionario ya viene transmitiendo por vía telefónica a las firmas del área: que si no hacen un esfuerzo adicional que sirva para superar el faltante de gas, el Estado podría quitarles la licencia para operar el servicio y hasta denunciar penalmente a sus directivos, aunque por cargos aún no definidos.
Durante esa visita, el secretario exigió a viva voz a sus forzados anfitriones que inyectaran más gas en los caños operados por el grupo. Resultaron infructuosos los intentos empresarios de explicarle que el problema no es que las transportistas retaceen la capacidad de transporte, sino que no hay más fluido disponible para llevar. El mismo mensaje que ya le transmitió al Gobierno la Transportadora de Gas del Sur, que recibió el anuncio telefónico sobre el inminente arribo de Moreno a sus oficinas, promesa aún no concretada.
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