Los espías de la Armada naufragaron en su intento de detener la causa por el espionaje ilegal en la base naval Almirante Zar de Trelew. El juez federal de Rawson Hugo Sastre procesó a nueve de los quince marinos implicados. Incluyó en la resolución al ex director de inteligencia de la fuerza, contraalmirante Pablo Rossi, y a tres altos oficiales. También sobreseyó a un ex cabo y dictó falta de mérito a otros cinco marinos de la base de Puerto Belgrano, entre los que se encuentra el ex número tres de la Armada, vicealmirante Eduardo Luis Avilés. Este militar había sido separado de su cargo en marzo de 2006, cuando se desató el escándalo por la inteligencia política que incluyó fichas hasta de la ministra de Defensa, Nilda Garré, y seguimientos por los actos de la masacre de Trelew.

Tras un año y medio de iniciado el proceso –que sufrió varias trabas de los abogados defensores y de la propia Armada–, Sastre se tomó sólo cinco días desde la última indagatoria para procesar a los nueve marinos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Se trata de dos delitos excarcelables, que tienen una pena máxima de dos años. Les dictó también un embargo simbólico, de 500 pesos para los suboficiales, y de mil pesos para los oficiales.

Además de Rossi, fueron procesados los capitanes de Corbeta Eduardo Omar Merlo y Gustavo Monzani –a cargo de la inteligencia en Trelew– y los suboficiales Alfredo Luis Andrade, Daniel Guantay y Vicente Claudio Rossi, que se ocupaban de las tareas de espionaje. Rossi se mostró consecuente en el pasado: en 1998 fue procesado por fotografiar una movilización frente a la ESMA y luego fue sobreseído cuando se destruyeron las evidencias.

El juez también procesó al jefe de la base Almirante Zar, capitán de Navío Félix Medici, y a dos de los tres comandantes de la zona aeronaval 3: los capitanes de Navío Jorge Alberto Janiot y Gustavo Leopoldo Ottogalli, que revistaba como subsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada. Para defenderse en la causa eligió a un ex juez de la dictadura, Oscar Salvi, quien fue también abogado de Carlos Menem. “Janiot, Medici y Ottogalli habían habilitado carpetas de actividades vedadas por la Ley de Seguridad Interior”, remarcó una fuente con acceso al expediente. “Los partes de inteligencia determinaban que Rossi no podía desconocerlos y era el que asesoraba a la cúpula”, indicaron.

“Los elementos secuestrados en Trelew fueron lapidarios para determinar la actividad ilegal que fue llevada por los imputados”, consideraron. Entre las carpetas que se encontraron en los allanamientos a las bases de Trelew y Puerto Belgrano había fichas de políticos locales, provinciales y nacionales –donde se mezclaban evaluaciones ideológicas con datos de su vida privada–, además de organismos de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes y movimientos indigenistas.

En cambio, el juez les dictó falta de mérito a los marinos implicados de Puerto Belgrano: el capitán de Navío Carlos Vázquez –el tercer comandante de la zona aeronaval 3–, Cristian Vidal y Avilés, la principal autoridad implicada. “Vázquez y Avilés estaban en inteligencia, pero no en la parte operativa. No había tantos elementos como con Ro-ssi, que era el jefe de Inteligencia. Lo que se secuestró en Puerto Belgrano no era definitivo para procesarlos o sobreseerlos”, consideró una fuente de la causa.

También quedó en ese limbo jurídico el cabo Carlos Ariel Alegre, quien inició la causa con su denuncia ante el CELS. Alegre pertenecía al equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer espionaje ilegal, por lo que sufrió sanciones y maltratos. “La verdad que necesita ser revacunado ideológicamente. Se está cavando la tumba”, lo amenazaron sus colegas. Alegre señaló en un reportaje con Página/12 que el segundo de la Armada, Benito Ro-ttolo, le dijo una vez iniciada la causa: “Por tu culpa, la Marina se está hundiendo”. Tras su denuncia fueron separados Rossi y Avilés, que dirigía el Comando de Operaciones Navales (CON). Luego Garré ordenó cerrar las dependencias de Inteligencia de las bases.

Por otra parte fue sobreseído el ex cabo Luis Alberto Sánchez, quien se presentó en el Ministerio de Defensa primero, y luego en los tribunales de Rawson, para confirmar la denuncia de Alegre. Sánchez trabajaba en el CON que dirigía Avilés y señaló que allí se hacía inteligencia ilegal, algo que se negó a realizar. “Vos sos rebelde y zurdito. Así que andá buscando otro trabajo”, le indicaron sus superiores. Finalmente, pidió la baja.

Ni en el Ministerio de Defensa ni en la Armada quisieron hacer comentarios sobre la resolución del juez federal de Rawson. En los tribunales de Chubut estimaban que habrá apelaciones tanto de la defensa como de la querella. También destacaban que, pese a las penas leves, la decisión tiene un rol simbólico para el comportamiento de los militares en democracia.