Los rectores de las universidades nacionales comenzaron a discutir una propuesta de modificación para la Ley de Educación Superior. En un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), convocado específicamente para tratar el tema, labraron un documento inicial en el que plantean algunos lineamientos básicos, intentando –por ahora– no entrar en detalles articulares y lograr consensuar un proyecto común. Desde el Ministerio de Educación se ha insistido en que, después de sancionar en 2006 una nueva norma educativa nacional, este año es el turno de reformar el marco legal del sistema universitario legado por los ’90. Mientras una comisión de seis rectores se encargará de recopilar los diversos aportes sobre la ley ya elaborados, el CIN volverá a reunirse el 23 y 24 de agosto, en Vaquerías, Córdoba, para avanzar en su propuesta.

Con la convicción de que la Ley de Educación Superior (LES) debe cambiarse, las autoridades de las universidades coincidieron en empezar por los puntos más amplios sobre los que plantear el debate. El primer acuerdo definió cuatro grandes ejes sobre los que debería versar la ley: el ideológico, el político, el institucional y el académico. “Lo importante es que el CIN, independientemente de que no se llegue a cambiar o reformar este año la ley, pueda empezar a fijar su posición”, dijo a Página/12 Oscar Spada, presidente del consejo y rector de la Universidad de Río IV. “Esto va a generar una discusión de la que queremos ser protagonistas, no podemos quedar al margen. Y menos que nos agarre una vez que se haya resuelto”, reflexionó Spada.

Sin escuchar los reclamos de la comunidad universitaria, la LES fue sancionada en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, bajo un enfoque neoliberal: entre otras cuestiones, contempla la posibilidad de arancelar los estudios, de fijar cupos en el ingreso y de avanzar sobre la autonomía universitaria, la evaluación y acreditación de carreras por parte del Estado. Hoy, desde el Ministerio de Educación, la consideran “la única legislación que queda pendiente para reformular respecto de las perspectivas de la década del ’90”, según ha definido el ministro Daniel Filmus.

El documento acordado en el CIN postula “un sistema universitario que garantice la educación pública, libre y gratuita”, “que asegure condiciones efectivas de inclusión”, que “sea proactivo, plural, comprometido”, que “brinde una formación de calidad” en grado, posgrado, investigación y extensión, que “promueva una activa participación de todos los miembros de la comunidad universitaria” y, entre otras cosas, que “posea un sistema de financiamiento público”.

Uno de los puntos a debatir entre los rectores será el del arancel, que ya fue instrumentado con variantes por algunas universidades. “En la Universidad de Villa María tenemos un sistema solidario en el que aportan los estudiantes, los docentes, los funcionarios y los agentes administrativos que pueden colaborar. El aporte es de 20 pesos por mes, y así se va conformando un fondo de becas que se reparten entre los que no tienen recursos”, explicó el rector Carlos Domínguez, para quien será “muy difícil” consensuar en el CIN una propuesta de ley “antes de fin de año, por las distintas posiciones que existen”.

Carolina Scotto, la primera mujer en ocupar el rectorado de la Universidad de Córdoba, destacó que, en el plenario del CIN, “los rectores que se pronunciaron lo hicieron a favor de la gratuidad y expresaron su preocupación sobre temas vinculados con la autonomía y la calidad”. Hasta ahora, los rectores no definieron si propondrán una reforma de la LES o –como sugirió Filmus– su derogación y reemplazo. Al decir de Spada, “tiene que haber una ley mucho más amplia, que marque un marco regulatorio y no sea tan reglamentarista. Ahora vamos a empezar a tocar puntos que están dentro de la ley, como la estructura y la parte organizacional de las universidades”. En lo inmediato, la tarea quedará en manos de los rectores de Luján, Tucumán, Sur, La Matanza, Salta y San Luis, que se ocuparán de recolectar y analizar los proyectos ya elaborados por las instituciones, los gremios y otras organizaciones, para debatir con más profundidad desde el mes que viene.