La pulseada que mantiene el Gobierno con bancos y tenedores de títulos públicos llegó a la Justicia. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le solicitó la semana pasada a la Caja de Valores la nómina de los titulares de los bonos ajustables por CER desde junio de 2006 a la actualidad. El funcionario intenta probar que los inversores operan de manera cartelizada para manipular las cotizaciones. Sin embargo, la entidad se resiste a suministrar la información, argumentando que el pedido la obliga a violar el secreto bancario. Para evitarlo se presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 10 y, según pudo confirmar Página/12, obtuvo una medida cautelar donde se le ordena al Gobierno que se abstenga de aplicar sanciones si no cumple con lo solicitado.

La embestida contra los inversores comenzó a fines de julio, cuando el presidente Néstor Kirchner acusó públicamente a los fondos Allianz y Dresdner de vender bonos para impulsar un aumento del dólar que impacte sobre los precios y luego volver a recomprar los títulos indexados. “Quieren una inflación más alta para obtener rentabilidades más altas”, aseguró entonces. En esa supuesta maniobra también involucró a grandes bancos que lideraron la venta de bonos, como Citibank, Deutsche, HSBC, Santander y Morgan. A partir de entonces, Moreno se dedicó a intentar probar esa maniobra. Para ello le solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que les pida a los bancos el detalle de las operaciones realizadas. Las entidades informaron qué cantidades vendieron y cuándo lo hicieron, pero se negaron a detallar a nombre de quién lo hacen.

La evasiva de los bancos colmó la paciencia del temperamental funcionario, quien el jueves de la semana pasada estuvo a punto de allanar la Caja de Valores para obtener el nombre de los bonistas y precisar las operaciones que han realizado en el último año. La Caja es la única entidad del país que bajo la figura del depósito colectivo efectúa la custodia de valores negociables, tanto públicos como privados. Fuentes del mercado informaron a Página/12 que Moreno desistió a último momento porque el presidente de la entidad, Norberto Gysin, se comprometió a entregarle los datos requeridos. La operación también se desactivó por los cuestionamientos que hubiera motivado la realización de un allanamiento sin orden judicial. En el mercado se rumoreaba estos días que Moreno estaba preparando una presentación ante la Justicia que le diera marco legal a la inspección, pero las autoridades de la Caja le ganaron de mano.

En su presentación ante la Justicia, argumentaron que el requerimiento formulado por Moreno pone a la Caja en la obligación de violar el secreto bancario que debe cumplir en virtud del artículo 6 del decreto 2220/80 de creación de la entidad. Además sostienen que la Ley de Abastecimiento 20.680, que cita la Secretaría de Comercio Interior al fundamentar su pedido por escrito, se encuentra suspendida. Esta es la misma ley que hizo valer Moreno en los últimos meses para sancionar a las petroleras por la falta de gasoil. El pedido fue aceptado por la Secretaría Nº 19, a cargo de la doctora Aixa Vidal Claypole, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 10.

En los fundamentos se argumenta que la cautelar es la mejor decisión porque la Secretaría de Comercio le había fijado a la Caja de Valores un plazo de 24 horas para suministrar la información y si el organismo debía esperar hasta que se resolviera la cuestión de fondo se exponía a reiteradas sanciones por parte del Gobierno. El juzgado firmó la cautelar el martes y ayer se sumaron al conflicto un grupo de manifestantes oficialistas del Frente Barrial 19 de Diciembre que decidieron realizar un escrache a los bancos HSBC, Citi, Santander y al fondo de inversión Allianz. “Queremos evitar esta inflación fabricada con la venta de bonos y compra de dólares, y hacemos esta denuncia para que la gente sepa quiénes son”, sostuvo el dirigente Jorge “Quito” Aragón.