Desde Ramalá

Con la boca pequeña, porque no desea que se interprete como debilidad, Hamas persevera en su objetivo de atraer a sus enconados rivales de Al Fatah a una mesa de negociación. Pretenden los islamistas volver a formar un gobierno de unidad. Aunque la propuesta tiene una segunda finalidad: desbaratar la conferencia para encauzar un proceso de paz entre israelíes y palestinos, prevista para finales de noviembre en Anápolis (Estados Unidos). Dirigentes del partido del presidente Mahmud Abbas rechazaron ayer la iniciativa, sabedores de que el diálogo con Hamas conlleva la ruptura de relaciones con el Ejecutivo hebreo.

El jefe del gobierno en Gaza, el islamista Ismail Haniya, aseguró que tras la fiesta de Aid el Fiter, en el mes sagrado del Ramadán, Al Fatah y Hamas se citarán en una capital árabe para retomar la negociación. Es el único de los líderes islamistas que persiste en el empeño. Los demás diputados o dirigentes de Hamas eluden esos llamamientos y además piden abiertamente al boicot de la reunión de Anápolis. Sin ir más lejos, el legislador Mushir al Masri apuntó que su partido rechazará todo pacto que pueda alcanzarse en ese cónclave. Haniya, el rostro amable de los fundamentalistas, afronta dificultades porque los jefes militares de Hamas hace ya tiempo que discrepan de su moderación. En todo caso, los dirigentes de Al Fatah despreciaron el emplazamiento. “No habrá negociación con Hamas mientras no cedan el control de Gaza”, señalan desde la presidencia palestina.

El primer ministro israelí, Ehud Olmert, se niega a abordar en profundidad los asuntos cruciales del conflicto –Jerusalén, refugiados y asentamientos–, y por supuesto se niega a todo compromiso sobre un calendario, tal como exige Abbas. Diplomáticos europeos, ex embajadores estadounidenses en Israel, analistas y dirigentes políticos consideran que la conferencia será, de celebrarse en julio en EE.UU., poco más que un brindis al sol.

Incluso la inteligencia militar israelí estima que hay escasas probabilidades de éxito. A su juicio, la Autoridad Palestina ha elevado demasiado el listón –aunque haya mostrado disposición a negociar las resoluciones de Naciones Unidas que obligan a la retirada israelí de los territorios ocupados– y será incapaz de mantener el orden en Cisjordania. Tampoco es de extrañar. El gobierno israelí no da agua siquiera a la policía civil palestina, a cargo de los pequeños delitos y el orden público. Colin Smith, el general británico a cargo de formar a este cuerpo policial, contaba a finales de septiembre: “Necesitamos cosas muy simples. Equipos de radio, líneas de teléfono. Los agentes sólo disponen de cuatro esposas para toda Cisjordania”.

La brutal represión del ejército israelí en Cisjordania no hace sino añadir obstáculos en el camino diplomático. Al margen de que soldados israelíes mataron ayer a un miliciano en Yenin y a un civil en Tulkarem, el asfixiante régimen de los check-points alcanza cotas insoportables. En la estación de autobuses de Ramalá, hombres, mujeres, niños y ancianos resignados aguardaron dos horas hasta la llegada de los vehículos y todavía les quedaba el regreso a sus ciudades. Taxis y microbuses eran retenidos en cualquiera de las decenas de controles que salpican las carreteras de Cisjordania. En las últimas semanas, coincidiendo con el Ramadán, ha sido un tormento. Trayectos de 40 kilómetros requieren entre dos y tres horas.

Los castigos colectivos alcanzan límites grotescos. Las autoridades penitenciarias hebreas prohibieron ayer que funcionarios del gobierno de Abbas pudieran repartir dulces –tradición propia de Aid el Fiter– a los prisioneros palestinos encarcelados en Israel. No había sucedido en 40 años de ocupación. Ashraf al Ajrami, ministro para Asuntos de Prisioneros, hombre laico que abomina del fundamentalismo de Hamas, atacó con dureza: “El gobierno de Israel es un gobierno mentiroso que está destruyendo al Ejecutivo de Abbas y el proceso de paz”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.