Mientras el ex presidente Alberto Fujimori se ha convertido en un prisionero que recibe un trato privilegiado, su agrupación política ha devuelto el favor renovándole su apoyo al gobierno de Alan García. Luego de algunas declaraciones amenazantes dadas bajo el impacto de ver a su jefe encarcelado y de públicas presiones para conseguir un buen trato para Fujimori, que parecieron resquebrajar la alianza tácita que el fujimorismo y el oficialismo tienen desde que se inició el gobierno de García en julio de 2006, esta semana esa alianza se ha visto reforzada, luego de que los fujimoristas evitaran en el Congreso la censura al ministro del Interior, Luis Alva Castro. La censura fue planteada por varios grupos parlamentarios, desde el izquierdista Partido Nacionalista de Ollanta Humala hasta la derechista Unidad Nacional, que ha venido respaldando al gobierno, que coincidieron en pedir la cabeza del ministro, acusado por una irregular licitación para comprar 698 patrulleros chinos ganada por un consorcio empresarial que anteriormente había enviado más de 200 mercenarios peruanos a Irak y por la sobrevaloración en la adquisición de bombas lacrimógenas y otros pertrechos. El escándalo por estas compras obligó al gobierno a retroceder y anularlas, pero los cuestionamientos al ministro no cesaron.

Para ser aprobada, la censura a Alva Castro necesitaba el apoyo de 61 de los 120 parlamentarios, pero sólo obtuvo 51 votos. Los diez congresistas fujimoristas presentes en el momento de la votación tuvieron en sus manos la suerte del ministro, un alto dirigente del oficialista partido aprista cuya caída habría significado un duro golpe político para el gobierno, y decidieron salvarle el cuello absteniéndose al momento de votar, con lo que libraron al gobierno de una derrota que habría tenido importantes repercusiones políticas. Con esta decisión, los fujimoristas, que no han sido nada sutiles para presionar por privilegios carcelarios para su jefe amenazando con quitarle su respaldo al gobierno si éste no accedía a sus reclamos, le enviaron al gobierno el mensaje de que necesita del fujimorismo para controlar el Congreso, lo que los ha dejado en una buena posición para seguir presionando a favor de Alberto Fujimori. Por ahora, esas presiones van dirigidas a conseguir el mejor trato posible para Fujimori, pero el objetivo final es lograr la impunidad para su jefe. Por lo pronto, los fujimoristas han obtenido del gobierno que Fujimori no sea encarcelado en la Base Naval del Callao, que el propio Fujimori construyó con siete celdas unipersonales de dos por tres metros y donde ahora están detenidos su asesor Vladimiro Montesinos y los máximos jefes de los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y MRTA, sino en un ambiente de 190 metros cuadrados –incluyendo un patio con jardín para caminar y una sala para recibir visitas– de un cuartel policial, en el que tiene comodidades inusuales para un recluso, aunque su hija, la congresista Keiko Fujimori, se queje exigiendo todavía mayores privilegios. Además de este trato preferente, el presidente García y los miembros de su gobierno mantienen una desconcertante distancia frente al caso de un ex presidente procesado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, distancia que ya habían tenido durante todo el proceso de extradición, y no han reaccionado frente a las acciones de violencia protagonizadas por grupos reducidos de seguidores del ex presidente y las amenazas lanzadas contra el Poder Judicial por los dirigentes del fujimorismo. Pero este entendimiento con el fujimorismo le está costando caro a García. Una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica divulgada ayer registró una importante caída en la aprobación del presidente, que ha bajado hasta un 30 por ciento, su nivel más bajo desde que asumió el gobierno hace quince meses.

“Después de este apoyo al gobierno en el Congreso, el fujimorismo va a exigirle cada vez más pruebas de amor al gobierno, que en estas circunstancias tendrá dificultades para negárselas, porque el fujimorismo le ha demostrado que depende de ellos para evitar ser derrotado en el Parlamento. Esta situación en la que el gobierno apoya al fujimorismo y se desentiende de un proceso penal en el cual el Estado es el agraviado, es preocupante. Como están las cosas, solamente queda confiar en los magistrados del Poder Judicial para evitar la impunidad de Fujimori”, le señaló a Página/12 Nelson Manrique, historiador, analista político y catedrático de la Universidad Católica.