La conducción de Aerolíneas Argentinas y el gremio que agrupa a los pilotos (APLA) se reunió ayer en la sede del Ministerio de Trabajo, en el marco de una serie de encuentros que la empresa encaró con sindicatos de la actividad para intentar un acuerdo social que le garantice la ausencia de conflictos por un tiempo determinado. El cónclave, que será seguido hoy por otro con el sindicato de las azafatas, sirvió también para recomponer el clima entre la privatizada y APLA, cuya conducción la acusó en las últimas horas públicamente de estar en virtual cesación de pagos.

Al término del encuentro en la cartera laboral, el gremio de los pilotos optó por un silencio que resulta llamativo si se considera la feroz embestida verbal de horas anteriores, cuando su titular, Jorge Pérez Tamayo, advirtió que la empresa está “en default”, debiendo aportes a la Seguridad Social y con un esquema de trabajo para su tripulación que la pone al borde de incumplir con la ley por la eventual sobrecarga horaria.

Justamente, una de las últimas fuertes disputas que se generó hace un par de meses y que forzó a la compañía a reprogramar vuelos espaciando frecuencias, fue el reclamo de los pilotos para que se respetara un régimen de licencias que permite a los trabajadores de cabina volar bastante menos horas que la media de la actividad.

El lunes la empresa tuvo que suspender un vuelo a Barcelona y otro a Australia, medida sobre la cual no dio demasiadas explicaciones. Pérez Tamayo, enemistado con la conducción patronal, señaló que esa suspensión es el resultado de los problemas económicos financieros que atraviesa la compañía y que la priva de fondos suficientes para comprar repuestos y poner en marcha aviones hoy fuera de servicio, según señala el gremio.

“En este momento está con problemas muy grandes: no tiene recursos, no les paga a sus proveedores, por los que está en cesación de pagos”, sentenció Pérez Tamayo, quien advirtió que también existen problemas para el pago de sueldos. Esto estaría probado por el hecho de que Planificación tuvo que auxiliar a la compañía (de la que el Estado es socio en un cinco por ciento, con posibilidad de ampliar esa participación al 20) con un préstamo de unos 25 millones de pesos para que completara el pago de las remuneraciones.

La privatizada en manos del español grupo Marsans admitió “una demora” en la cancelación de haberes, pero aseguró que éstos ya estaban al día, al igual que los aportes a la Seguridad Social, y minimizó las penurias económicas que comprometen la operatividad de la compañía. “Los problemas de costos de las empresas aerocomerciales no son una novedad. Estamos en un proceso de crisis que tiene que ver con el alza de los costos que tuvo toda la industria en el mundo: el combustible, los seguros, los repuestos y el leasing. Todo está dolarizado y ha aumentado”, se defendió el vocero de Aerolíneas.

Según asegura la empresa, la reunión de ayer estaba pautada de antemano y por ello no está ligada a las declaraciones de Pérez Tamayo, de las que podrían inferirse la intención de instrumentar alguna medida de fuerza, básicamente si se violara el régimen de descanso. En este marco, ya tuvo lugar un encuentro con los trabajadores de APA –personal de tierra– y en las próximas horas tendrá lugar otro con AAA, el sindicato que nuclea a las azafatas y otros trabajadores de a bordo.

Esa ronda de encuentros sucesivos con los sindicatos aeronáuticos, de la que también participan funcionarios de Planificación, tiene por objetivo despejar el camino de medidas de fuerza. Esta es la condición que imponen los inversores privados para recomponer el capital de trabajo inyectando recursos frescos.