El grupo chileno CGE desistió de dos de sus reclamos ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. La demanda, por 125 millones de dólares, había sido presentada por dos controladas por el grupo chileno, con inversiones en el sector de distribución de electricidad en las provincias de San Juan, Tucumán y Jujuy. Según informaron desde la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo encargado de llevar adelante los juicios ante el Ciadi, la suspensión de la demanda se debería a la renegociación de los contratos de concesión entre las distribuidoras dependiente de CGE y las provincias.

El grupo chileno tiene inversiones en las empresas Energía San Juan S.A.; Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A.; Empresa Jujeña de Energía y Empresa Jujeña de Sistemas Enérgicos Dispersos. En virtud de los acuerdos de renegociación, CGE presentó, el pasado 31 de enero, su desistimiento ante el Ciadi. Esta decisión se dio a conocer luego de que el ministro de Planificación, Julio De Vido, ratificara la semana pasada que habrá “reacomodamientos” en los precios y tarifas para las empresas proveedoras y distribuidoras de energía luego de las renegociaciones de los respectivos contratos.

Por otro lado, a principios de mes se conoció una nueva demanda contra el país en el Ciadi, por parte de la empresa Hotchtief, accionista de Puentes del Litoral, concesionaria del cruce Rosario-Victoria desde 1998. El sitio web del Ciadi informa que existen actualmente 33 demandas pendientes contra la Argentina, entre ellas una de Pan American Energy, empresa que recibió el año pasado una extensión de su concesión para extraer petróleo de suelo argentino hasta 2027 con posibilidad de extenderlo 20 años más, y Telefónica, dos compañías con buena llegada al Gobierno.

Según informó a Página/12 el abogado Henoch Aguiar, Telefónica mantiene en suspenso su demanda por 2800 millones de dólares, ya que con en el acuerdo alcanzado en febrero de 2006 la empresa habría obtenido un aumento virtual de sus tarifas del 30 por ciento. “En el acuerdo firmado entre ambas partes figura que el Estado argentino, a través de la aplicación de un coeficiente de eficacia, obligaría a Telefónica a bajar sus tarifas entre un 4 y 5 por ciento por año, tal cual está haciendo la empresa en toda Latinoamérica. Pero como el Gobierno no ha aplicado este coeficiente, resulta que la empresa se vio beneficiada con un aumento virtual del 30 por ciento en sus tarifas –desde 2002 a la fecha–, cuando deberían haber bajado”, concluyó Aguiar.