En la semana que pasó se comenzó a delinear la letra fina del Acuerdo del Bicentenario, el pacto entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores que la presidenta Cristina Fernández se había propuesto lanzar el 25 de mayo y fue postergado por el conflicto con la dirigencia gremial agropecuaria. En el proyecto trabaja el ministro de Planificación, Julio De Vido. El último borrador del plan, cuyo resumen ejecutivo consta de ocho páginas, fue suscripto por la Unión Industrial, la Asociación de Bancos Argentinos, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la CGT. En la semana, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, mantendrán una reunión con la dirigencia rural en la que serán invitados a participar del acuerdo.

Las primeras y más importantes medidas propuestas en el marco del convenio son la ley de desgravación impositiva para las pymes; reformulación de la ley de accidentes de trabajo; régimen de repatriación de capitales para financiar proyectos productivos y de infraestructura; reelaboración de los sistemas de medición estadística (índice de inflación); consolidar una banca nacional de desarrollo nacional y la ley de radiodifusión.

El título del proyecto, al que tuvo acceso PáginaI12, es “Bases para el desarrollo económico con inclusión social y equilibrio territorial”. Entre los objetivos enunciados se destacan los siguientes: “Estabilidad y previsibilidad del marco macroeconómico, crecimiento sostenido de la economía con una estructura productiva diversificada y con mayor valor agregado, impulso de políticas salariales y de otros mecanismos que mejoren la distribución del ingreso, inversión con un fuerte mercado de crédito y ahorro y pleno empleo con trabajo decente”.

El acuerdo también prevé la creación del Consejo para el Diálogo Económico-Social, que será integrado por representantes de las entidades firmantes y se ocupará del seguimiento de las medidas a implementar y del efectivo cumplimiento de las metas propuestas.

En el artículo dos se proponen seis “metas hacia el 2016”, año en que vencería el acuerdo. Estas son: “Mantener la mayor tasa de crecimiento del PIB compatible con los objetivos de justicia social, equidad distributiva y estabilidad de la moneda; alcanzar una tasa de inversión superior al 25 por ciento del PIB y un crecimiento de las exportaciones del 10 por ciento anual; reducir a la mitad las actuales tasas de desocupación, empleo no registrado y pobreza; incrementar hasta el 50 por ciento la participación de los asalariados en el PIB; asegurar la sustentabilidad fiscal y el equilibrio de las cuentas externas y reducir en un 30 por ciento la brecha del producto bruto geográfico per cápita existente entre las provincias más ricas y las más rezagadas del país”.