El acuerdo celebrado entre el Gobierno y Repsol autoriza el pago de 5 mil millones de dólares con títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. El Convenio de Solución Amigable fue pactado entre las dos partes y, además del pago, pone fin a los 31 litigios que estaban activos contra el Estado nacional y contra empresas privadas por parte de la firma española. Se destacan el proceso de Repsol contra el Estado en el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, por 10.500 millones de dólares, y las acciones legales en curso contra la propia YPF y potenciales socios en Vaca Muerta, como Bridas y Chevron.

El pago acordado con Repsol el 27 de febrero pasado implica el desembolso de 3250 millones a través del Bonar 24, a una tasa del 8,75 por ciento; el Bonar X, que vence en 2017, por 500 millones al 7 por ciento y el Descuento 2033, por 1250 millones, al 8,28 por ciento. Para calcular el precio de YPF se tomó en cuenta el estudio del Tribunal de Tasación, a partir de las reservas probadas y la cantidad de pozos ya desarrollados en shale. Sin embargo, la indemnización se pagará en bonos y no en efectivo, como exige la ley de expropiación.

Como el valor de mercado de los títulos públicos puede no alcanzar el monto acordado, se convino establecer un “valor garantizado” de 4670 millones de dólares. Entonces, la emisión de bonos puede ampliarse, aunque con un tope de 1000 millones de dólares adicionales para llegar a los 6 mil millones nominales. El compromiso se considera cancelado si Repsol percibe los importes de la amortización o si vende los títulos.