El rechazo del juez neoyorquino Thomas Griesa a aceptar el stay pedido por Argentina, para que los bonistas que entraron en los canjes de deuda puedan cobrar su pago, provocó la reacción de referentes del oficialismo, que ayer insistieron en que “default es no pagar y Argentina paga” y criticaron a los fondos buitre. Desde la oposición, en cambio, con cuestionamientos al gobierno nacional, se reclamó que se concrete el pago a los bonistas.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a remarcar que “Argentina paga, Argentina cumple”, y subrayó que “default es no pagar y Argentina paga”. “No hay ninguna duda de que la Argentina ha cumplido sus obligaciones y que no se trata de default técnico; la responsabilidad le compete al juez Griesa para instrumentar las transferencias correspondientes”, señaló el funcionario nacional en su conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, precandidato del FpV, consideró que “todos los gobernadores del país, todos los candidatos presidenciales del peronismo y de todos los partidos, debemos apoyar la postura declarada por nuestra presidenta frente a la amenaza de los fondos buitre, porque es la posición de la defensa de la patria, de la defensa de nuestro futuro como país y de nuestra dignidad como nación”.

A su vez, la titular del bloque de diputados del FpV, Juliana Di Tullio, afirmó que “como argentina me hace sentir orgullosa ver a la Presidenta defender los intereses y derechos de todos los argentinos. Y me da vergüenza cómo algunos dirigentes de la oposición piden entregar derechos de generaciones futuras pagando lo que los fondos buitre quieren”.

En la misma línea se expresó el diputado nacional del Frente para la Victoria Eduardo De Pedro durante una videoconferencia con la Presidenta. “Somos conscientes del esfuerzo”, sostuvo el legislador, “para pelear contra todos esos buitres externos y esos que quizá desde adentro ponen palos en la rueda”.

También, el diputado nacional de Nuevo Encuentro Carlos Heller celebró “el temple, la decisión y el coraje” del Gobierno en el conflicto con los buitres, tras señalar que “el camino de construir soberanía, con autonomía, es difícil y escabroso”. Asimismo, Heller habló sobre los dichos “oportunistas y facilistas” de dirigentes de la oposición como el diputado del Frente Renovador Sergio Massa y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Ambos habían respaldado la resolución de Griesa y consideraron que el país debe pagar todo lo que reclaman los fondos especulativos. “Dicen hay que pagar y chau, de la misma manera que dicen que hay que eliminar las retenciones o el Impuesto a las Ganancias o que hay que hacer tantas otras cosas de las que generalmente se olvidan de explicar cómo se hace”, cuestionó el diputado.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, pidió “apoyar firmemente” al Gobierno “en sus negociaciones con los fondos buitre”. Además, consideró que los fondos “forman parte del ínfimo siete por ciento que no ingresó al exitoso canje argentino” y “exigen más de lo que les corresponde”. El mandatario salteño recordó que “desde 2003 hasta la fecha los argentinos hemos pagado miles de millones de dólares en materia de deuda externa. Argentina es ejemplo en el mundo por su refinanciación de deuda”, señaló.

Por el contrario, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Julio Cobos opinó que “la voluntad de pago del gobierno nacional tiene que manifestarse en el cumplimiento de la sentencia” dictada por Griesa. “Yo no es que tomo lo que dicen los fondos buitre, lo que digo es lo que está diciendo el Gobierno, que quiere pagar”, afirmó el ex vicepresidente.

“Yo lo que haría es depositarle lo mismo que les corresponde a los otros bonistas, es decir el 30 por ciento, como un gesto”, añadió.

En cambio, el diputado de Unen Martín Lousteau manifestó que por su “obcecación y cerrazón”, el juez estadounidense tomó decisiones desacertadas y se llegó a un escenario en que “pagar esto así, como lo dice Griesa, va contra todo sentido común”. El ex ministro dijo que “le parece bien lo que hace el Poder Ejecutivo de forzar a que los costos de cualquier decisión sean compartidos por todos aquellos actores que llevaron la situación a este rumbo”.