“Los directores del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) nos plantearon que se iba a empezar a dar curso para la legalidad de la cooperativa; salió favorable, sólo faltan algunos trámites administrativos”, dijo René Córdoba, delegado de los trabajadores de la gráfica Donnelley. Tal como informó Página/12 la semana pasada, habían decidido constituirse en cooperativa con el nombre de Madygraf. Para la continuidad de la autogestión que emprendieron el 12 de agosto –cuando tras el cierre patronal volvieron a la planta de Garín y pusieron en marcha las rotativas– necesitan la legalización de la cooperativa para poder cobrar los trabajos que ya están realizando. Habían producido revistas por más de 2 millones de pesos para Atlántida, pero esos cheques se los llevó el síndico al juzgado que tramita la quiebra que pidieron los dueños, y que ellos y la AFIP quieren revertir en “fraudulenta”. Por lo tanto, más allá de un aporte del fondo de huelga, hace más de un mes que los 400 trabajadores no ven el resultado de su producción reflejado en salario alguno.