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Por D. C.

El ex secretario de Comunicaciones de la Alianza Henoch Aguiar y el ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Adolfo Italiano, fueron denunciados por la Oficina Anticorrupción por favorecer a empresas de celulares cuando se implementó el sistema de Calling Party Pays. La acusación surgió como una derivación de la causa contra funcionarios de la CNC por no prestar atención a reclamos de los usuarios (ver nota central).
A Italiano se lo denuncia por haber convalidado el cobro de llamadas no concretadas por parte de compañías de telefonía celular. El ex interventor autorizó el cobro cuando el usuario apretaba el botón send, por más que la llamada no fuera respondida. La OA asegura que “con esta injusta convalidación se consintió que los usuarios pagaran aun cuando no recibieran a cambio ninguna prestación, y correlativamente se justificaron ingresos de las licenciatarias percibidos ilegal e incausadamente”.
Por otra parte, la OA acusa a Aguiar porque “de manera intempestiva e injustificadamente dejó sin efecto un proceso sancionatorio que él mismo había promovido luego de comprobar graves faltas por parte de las compañías de telefonía celular en la implantación del sistema CCP”.
La OA sostiene que la Secretaría de Comunicaciones constató, a través de una investigación propia, haciendo pasar por usuarios a escribanos contratados por la repartición, que casi todas las compañías de celulares explicaban mal al público el nuevo sistema de facturación, con el CCP. Las empresas justificaban ante sus clientes aumentos de tarifas como necesarios o incluso impuestos por el Gobierno, cuando, en realidad, “no habían sido decididos más que por la libre voluntad de ellas mismas”. Esto motivó que Aguiar iniciara un procedimiento para sancionar a las empresas.
Pero la OA afirma que, “inexplicablemente, a pocos meses de aquella resolución, se dicta otra en donde se decide dejar sin efecto el procedimiento sancionatorio sin que se dé ninguna razón”. Según la denuncia que recayó en el juzgado de Jorge Urso, Aguiar “benefició indebidamente a las compañías que habían incurrido en el suministro de información falaz”. El ex funcionario “se ‘interesó’ en el sentido de que aprovechó la función pública para la inserción de un interés privado, violando el deber de actuar en interés exclusivo de la administración pública”.