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La salida de Suez y de Aguas de Barcelona de la concesión de Aguas Argentinas marca el fracaso de un modelo de privatización. A diferencia de la realidad de otros servicios públicos privatizados, la crisis del modelo operativo de aguas no es sólo el producto de la salida de la convertibilidad, que rompió el precario equilibrio de las firmas entre tarifas y endeudamiento externo sino, primero, de un esquema que no pudo satisfacer la provisión del más básico de los servicios a buena parte de la población bajo su órbita. La nueva realidad obliga a pensar un modelo alternativo de gestión que tenga como prioridad las inversiones en infraestructura necesarias para la expansión de las redes, tarea en la que el Estado no podrá estar ausente.
El problema de la prestación del servicio de agua corriente y cloacas a 11 millones de personas, de las cuales no todas reciben el servicio, tiene dos dimensiones: la administración y mantenimiento de la red existente y su expansión para que cubra toda el área de la concesión. Para el economista Jorge Schvartzer, director del Cespa, esta segunda tarea no sólo “es cara y poco rentable”, sino que entraña una urgencia esencial como la provisión de agua potable. Para el especialista de la Universidad de Buenos Aires, Aguas Argentinas fue relativamente eficiente en la gestión de lo existente, pero “invirtió poco”. En consecuencia, el nuevo modelo para la empresa, cualquiera sea la forma que asuma, deberá separar la gestión propiamente dicha de la inversión.
La cuestión de fondo continuará siendo qué parte de las nuevas inversiones asumirá el Estado y quién las gestionará. El mecanismo de financiamiento usado hasta ahora para ampliar redes fue el de los subsidios cruzados. Todos los usuarios pagaron en sus facturas una cuota para un fondo específico. Lo lógico, consideró Schvartzer, es que los recursos provengan en adelante “de los impuestos que el Estado les cobre a los ricos y no de las tarifas que también pagan muchos pobres”. Una segunda justificación para la intervención del sector público es que la falta de provisión del servicio –especialmente de cloacas, pero también de agua corriente– en muchas áreas del Gran Buenos Aires representa un problema social y sanitario. El modelo de gestión que propone Schvartzer es similar al que ya se utiliza con los trenes subterráneos, donde el Estado realiza la inversión en los túneles y la gestión la mantiene una firma privada. Tampoco descarta la participación del capital nacional “a lo Edesur o Telecom”, es decir, junto a un operador internacional.
Para el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el problema de Aguas Argentinas no es “Suez o no Suez”, sino el “modelo de operador privado único”. La alternativa es que exista “más de un operador”, recomendó. Por ello criticó duramente la posición del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien sostuvo que no resulta viable “romper la unidad de negocio”. La provisión de agua “no puede ser considerada un negocio”, porque se trata de “un derecho humano básico”. No importa si el nuevo esquema se logra a través de alguna forma de asociación mixta o privada, “lo que se debe tener presente es que el modelo de operador único fracasó”, insistió.
Lo que se ha visto hasta ahora es que no hay tarifa que resista el nivel de inversiones que se requiere, explicó. Por eso es errada la óptica que considera la renegociación como el camino “para entregar un nuevo negocio”. Para Mondino, la salida de los operadores actuales es inevitable. Del contrato original, tras las sucesivas renegociaciones, no queda nada y la única manera de mantener la concesión es “indultando a Aguas de todos sus incumplimientos”. Con estos antecedentes, no resulta imaginable un esquema en el que el actual operador controle, como pretende, las inversiones que debe hacer el Estado, concluyó Mondino.