Aún no está claro a partir de cuándo los usuarios residenciales de Gas Natural Ban afrontarán un aumento en sus facturas, pero sí que a través del acta-acuerdo que el Gobierno firmó con la distribuidora gasífera, subsidiaria de Repsol y la Caixa, inauguró una fórmula para definir la llamada tarifa social, que eximirá a un núcleo de clientes de ésa y futuras subas. Según este esquema, el Estado tendrá un lugar prioritario. Primero, definiendo el padrón de beneficiarios. Luego, sacrificando recaudación vía impuestos par abaratar el servicio.

El acta-acuerdo recién rubricada por un decreto habilita ajustes tarifarios máximos del 15 por ciento para todos los segmentos de usuarios pero, según los cálculos de la empresa, en ningún caso sufrirán subas que vayan más allá del 9 por ciento. Esta modificación provisoria al contrato de concesión, largamente negociada, fue refrendada por el Congreso y rubricada por aquella flamante norma del Poder Ejecutivo, lo que le da solidez institucional a la decisión de involucrar por primera vez en un retoque tarifario de un servicio público a los clientes residenciales.

Sin embargo, Julio De Vido admitió ayer que el Gobierno estaría dispuesto a desandar sus pasos para evitar que ese incremento empuje hacia arriba el índice de precios. “Vamos a negociar con la empresa”, aseguró el titular de Planificación, quien sugirió la posibilidad de “aplicar algún mecanismo financiero que compense a la compañía por el retraso sin afectar los términos económicos del acuerdo”.

La prioridad oficial parece ser demorar la aplicación de un aumento que debe ser retroactivo al 1º de enero. En la ponderación por rubros, el gas en redes equivale al 1,4 por ciento del IPC, peso relativamente magro pero igualmente preocupante para un gobierno obsesionado por que el índice no se desmadre. Para ello, está dispuesto a reabrir una discusión, después de haber avalado por todas la vías requeridas aquel acuerdo, cuya aplicación ahora sólo está supeditada a la aprobación del ente regulador.

Lo que se acordó en gran medida respeta las aspiraciones empresarias, es la aplicación de una tarifa social, cuyos beneficiarios serán identificados en función del cruce de dos criterios. Por un lado, el Poder Ejecutivo (previsiblemente el Ministerio de Desarrollo Social) señalará los hogares “indigentes” en función de varios parámetros, como las características de la vivienda, el ingreso y ocupación de todos sus habitantes. Así, es el Estado y no la adjudicataria quien asume la responsabilidad de otorgar ese privilegio y cargará con las culpas si se aventaja a quien no corresponde.

Ese dato se cruzará con el del consumo, de modo tal que quienes demanden por encima de cierto límite quedarían excluidos del padrón. La línea de corte aún no está definida pero, previsiblemente, estará en torno de los 350 metros cúbicos por año, aproximadamente lo que requiere un hogar con una cocina, un calefón y un calefactor. Esta norma dejaría afuera de cualquier aumento al 20 por ciento de los residenciales de Gas Natural Ban, en cuya matriz de ingresos los clientes domiciliarios tienen un peso relativamente menor al que alcanza para otras distribuidoras.

Para la empresa esa fórmula mixturada entraña una doble ventaja. Por un lado, está eximida de hacer el mapeo de pobres, con los consiguientes riesgos de errores. Por el otro, se evitaría subsidiar a los pudientes, propietarios de ostentosas casas de fin de semana que por este hecho tienen poco consumo anual.

Esa ventaja de los menos pudientes tiene un costo que será costeado por los tres protagonistas de esta historia: el Estado, resignando impuestos (y quizás por alguna otra vía adicional), los otros clientes a los que también alcanzarán los aumentos generales y la propia empresa, en una proporción aún no definida. A pesar de las imprecisiones, con la cláusula número 13 de esta controvertida acta-acuerdo comenzó a delinearse el camino que no se pudo a través de varios proyectos de ley de trámite parlamentario caído, entre ellos, el que intentaba imponer un marco regulatorio para todas las privatizadas.