La Corte Suprema, integrada por conjueces, decidió dejar intacto el régimen de privilegio que exime a los jueces de pagar el impuesto a las Ganancias. Lo hizo al darle la razón a un magistrado de San Juan que reclamaba la continuidad de ese beneficio después de haberse jubilado. Según el fallo, “la vigencia del principio de intangibilidad” de los salarios de Sus Señorías “no puede ser desconocida” y se debe aplicar de igual modo nivel nacional, en el ámbito provincial y para quienes están “en situación de retiro”. Por esta excepción impositiva, que no rige prácticamente en ningún otro país del mundo, este año se dejarán de recaudar 100 millones de pesos.

El tema fue analizado por jueces suplentes (mezcla de camaristas y abogados) porque todos los miembros de la Corte, excepto Carmen Argibay, decidieron excusarse por tener un interés directo. Argibay presidió el tribunal, que debatió por varios meses y ayer ratificó, por siete votos contra dos, una prerrogativa que lleva el sello de la mayoría automática menemista. La ley actual del impuesto a las ganancias no exceptúa a los jueces del pago, pero fue la Corte la que se ocupó en 1996 de excluir a los magistrados –en una acordada– de una exigencia que calificaron como inconstitucional por alterar su remuneración. Aquella decisión fue uno de los cargos por los que se impulsó el juicio político de los ex supremos.

El caso resuelto es el de un juez jubilado de San Juan, Oscar Gutiérrez, que se opuso a las retenciones de ganancias que le hacía la Anses. El recorte se basaba en la Constitución provincial, que prevé para los jueces locales las mismas cargas que para el resto de los sanjuaninos. Según los conjueces, sin embargo, la norma sólo se refería a “disminuciones que pudieran efectuar las leyes locales”, no las nacionales. Pero más allá de ese detalle, aun sin entrar en un debate a fondo, reconocieron como vigente la acordada de la Corte de Julio Nazareno que excluye a los jueces del tributo y señalaron el argumento de la “intangibilidad” salarial. Al juez que reclamó, ordenaron devolverle lo que le descontaron.

Los votos de la mayoría fueron de los camaristas Juan Carlos Poclava Lafuente, Gabriel Chausovksy, Leopoldo Schiffrin, Jorge Ferro y Carlos Pereyra González más el abogado Alberto García Lema. Carmen Argibay se sumó a ellos pero hizo una “disidencia parcial”. “Los jueces locales son, como los nacionales y federales, jueces de la Constitución (...), se hallan sujetos a parejas responsabilidades y deberes, y han de contar con similares garantías”, sostuvieron. La idea que subyace, para ellos, es que “intangibilidad” del sueldo es condición de la independencia judicial.

Los dos conjueces que discreparon en forma tajante fueron el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti y el abogado Héctor Méndez, para quienes la exención impositiva de los jueces viola el principio de igualdad “que rige para todos los ciudadanos”. Para Méndez, tributar no implica “una disminución del sueldo”. Y añade: “sin privilegios ni tratamientos diferenciales, los jueces verán reforzada su independencia”. Rosatti escribió: “Es posible, necesario e imprescindible que los jueces estén bien retribuidos y que, simultáneamente, paguen el impuesto a las ganancias, haciendo clara la diferencia entre sufrir un detrimento discriminatorio y pagar un tributo general”.

Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales, una ONG que intervino en la causa, advirtió que “ahora la propia Corte, no los conjueces, debería derogar el régimen de privilegio que aprobaron sus antecesores”. “Es –dijo– una decisión administrativa que puede tomar perfectamente, es un paso pendiente para que la Justicia recupere legitimidad o tendremos la certeza de que poco ha cambiado en la Corte.” Según la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía, el año pasado se dejaron de recaudar casi 95 millones de pesos por este beneficio a los magistrados y este año se prevé que serán 100 los millones perdidos.