El gobierno de Evo Morales sufrió un nuevo revés ayer. La Corte Nacional Electoral (CNE) decidió paralizar los referéndum programados para el domingo 4 de mayo porque no existen “condiciones técnicas operativas”. El tribunal también dijo que se rechazaron los referéndum autonómicos que convocaron los departamentos opositores para esa misma fecha. La CNE le pidió al Palacio del Quemado que de ahora en más convoque a esas consultas con un mínimo de 90 días de anticipación. “La democracia electoral de 25 años no se puede quebrar”, explicó el presidente del organismo, José Luis Exeni, tras una reunión con autoridades electorales de los nueve departamentos.

El gobierno de Morales había convocado el pasado viernes a un referéndum sobre latifundio y otro por el nuevo texto de la Constitución. Al mismo tiempo, los prefectos (gobernadores) de cuatro departamentos –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– habían llamado a una consulta sobre sus estatutos autonómicos para una semana antes. “Hoy tenemos que decir que no existen condiciones técnicas operativas, legales y políticas para llevar ninguno de los procesos electorales”, intentó explicar Exeni a la prensa.

El presidente del tribunal hablaba casi como si estuviera pidiendo disculpas. El magistrado sabe que esta nueva postergación, aunque de naturaleza técnica, no hará otra cosa que ahondar la tensión política que domina todo el territorio de Bolivia hace meses.

Tratando de mostrarse equidistante a las presiones de la polarización política, Exeni destacó que la otra resolución del tribunal es que los referéndum autonómicos de los prefectos de la llamada Media Luna no son legales. “Vulneran la Ley Electoral”, explicó el juez.

A poco de conocer la resolución de la corte electoral, el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, señaló que se trataba de una decisión política. “Nosotros haremos el referéndum en la fecha programada”, prometió. Pero aunque la oposición más dura cuestionó el fallo, otros la entendieron. El jefe nacional del partido Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, afirmó que la sentencia fue “una decisión sensata de la Corte Electoral para defender el modelo democrático”. Al cierre de esta edición, ningún funcionario del gobierno central se había pronunciado sobre el tema.

Mientras el enfrentamiento político amenaza con volver a encenderse en Bolivia, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se preparaba para visitar el país de todas formas. El viceministro boliviano de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, confirmó ayer la visita de la misión encabezada por el argentino Dante Caputo, asesor en Asuntos Políticos del secretario general de la organización, el chileno José Miguel Insulza. Arce explicó que la delegación de la OEA tiene previsto reunirse con el presidente Evo Morales y varios ministros de su gabinete, además de con los prefectos regionales.

Tratando de adelantarse a esa mediación, el gobierno boliviano ofreció discutir algunos de los puntos de la nueva Constitución, que ahora no tiene fecha para su ratificación. El vicepresidente Alvaro García Linera hizo la propuesta cuando autoridades y dirigentes de seis departamentos ratificaron su rechazo a la consulta constitucional y su decisión de llevar a sus regiones hacia regímenes autónomos por cuenta propia. “Si hay voluntad, creo que podemos crear en los próximos días un escenario de acercamiento y que el Congreso se sume a esta iniciativa”, afirmó.

“Seguimos con la voluntad de juntar el texto constitucional corregido y sin contradicciones, si es que existen, con un estatuto autonómico modificado en sus consideraciones para enmarcarlo en la legalidad”, agregó el vicepresidente. Pero aun antes del nuevo llamado al diálogo, prefectos y dirigentes cívicos de los seis departamentos opositores habían puesto en duda la sinceridad de las ofertas de negociación del gobierno. En los últimos meses el oficialismo y la oposición intentaron en tres ocasiones concertar la nueva Constitución.

El último quiebre fue la semana pasada, cuando el Congreso, sitiado por militantes cercanos al gobierno, aprobó la convocatoria al referéndum constitucional, sin la presencia de la oposición. La votación terminó con insultos y varios legisladores golpeados en las afueras del Parlamento. Intentando dejar atrás estos incidentes, García Linera volvió a abrir el diálogo.

“El gobierno tiene la voluntad de ir a la mesa de diálogo; si los otros están de acuerdo, tenemos ideas para concretarla en pocos días”, propuso. Mientras la oposición no se pronunció, más de 70 constituyentes, entre ellos muchos del oficialismo o de las fuerzas aliadas, ya se negaron a modificar el nuevo texto constitucional que aprobaron a fines del año pasado.