Serios y preocupados, el canciller Jorge Taiana y el vicecanciller colombiano, Camilo Reyes, intentaron ayer mantener un perfil bajo y rehuirles a las cámaras. No tenían nada que anunciar, al menos nada bueno. “Tenemos la mejor disposición para ver en qué medida podemos contribuir al establecimiento del diálogo y un mejor encuentro entre los bolivianos”, fue la única frase que se le escuchó al ministro argentino en todo el día. Las reuniones que comenzaron el jueves con funcionarios de Evo Morales y la oposición parecían haberse paralizado ayer, coincidiendo con el análisis fatalista que había lanzado el cardenal Julio Terrazas. “Es imposible facilitar el diálogo, mientras vemos campear aún la desconfianza recíproca, las presiones y la violencia”, dijo el máximo representante del clero boliviano.

Aunque nadie en el gobierno lo quiso confirmar, una de las razones que podrían explicar el parate de las negociaciones fue el retraso del canciller brasileño Celso Amorim. El hombre de Luiz Inácio Lula da Silva debía llegar ayer a La Paz para completar el equipo de mediadores internacionales. Pero durante la tarde el vocero del Palacio Presidencial Iván Canales anunció que Amorim recién llegaría hoy. En vez de explicar las razones de la postergación, Canales adelantó que el brasileño se reunirá con el presidente Morales, el cardenal Terrazas y miembros de la oposición.

La situación está tan trabada que, según fuentes diplomáticas brasileñas, ya se está discutiendo la posibilidad de una futura reunión de los llamados “Países Amigos de Bolivia” –Argentina, Brasil y Colombia– en Río de Janeiro a mediados de abril para consensuar un criterio sobre cómo mediar en la crisis boliviana. Además, fuentes de la embajada mexicana en La Paz confirmaron que la Cancillería boliviana está dialogando con ellos para que se sumen en los esfuerzos de Taiana, Amorim y Reyes.

Aunque la oposición boliviana aceptó su mediación, algunos de sus dirigentes aseguraron que todavía no está muy claro qué es lo que fueron a hacer. “Ni ellos mismos saben qué llamarse: si facilitadores, mediadores o amigos de Bolivia”, criticó el senador opositor Tito Hoz de Vila, uno de los dirigentes que se reunió el jueves con los diplomáticos. “Creo que van a definir su rol a medida que vayan conversando con las partes y que de ninguna manera van a interferir en los asuntos internos de Bolivia”, agregó, intentando suavizar el cuestionamiento.

Anoche el presidente Morales se reunió por tercera vez en menos de tres semanas con el cardenal Terrazas, un hombre muy respetado y escuchado por los dirigentes opositores, especialmente los de la rica y próspera Santa Cruz. Según fuentes gubernamentales, el encuentro no sólo tenía como objetivo presionar al prelado y garantizarle que no declarará un estado de sitio en la provincia autonomista, como había circulado entre la prensa opositora durante todo el día. El vocero del Palacio del Quemado fue el encargado de repetir esa misma promesa a todo el país. “Ni siquiera ha pasado por la mente de las autoridades la posibilidad de militarizar o de ingresar en un estado de sitio en Santa Cruz”, dijo Canales.

Las versiones periodísticas comenzaron después de que el secretario del presidente Juan Ramón Quintana y el líder del oficialismo en el Senado, Félix Rojas, sostuvieran que era imposible aceptar el referéndum autonómico que planea el gobierno de Santa Cruz para el próximo 4 de mayo. La consulta fue prohibida por la Corte Electoral Nacional, pero el prefecto Ruben Costas sigue adelante con los preparativos e, incluso, esta semana ya adelantó las primeras medidas de su “gobierno autónomo”, destinadas a “contrarrestar” las reformas del gobierno central de Morales.

“Tenemos que parar el referéndum (de Santa Cruz), que es un golpe artero a la unidad nacional”, había dicho esta semana Quintana, sin detallar con qué medios. Rojas ayer fue aún más claro. “Si no se da el diálogo hay que dar vía libre a la instauración de los procesos y emplear los medios coercitivos”, sentenció el senador ante los medios, aunque inmediatamente aclaró que el gobierno sólo utilizará las herramientas que le otorga la Constitución. A pesar de la desmentida del Palacio del Quemado, las declaraciones fueron suficientes para que los cívicos de Santa Cruz comenzaran a denunciar el traslado masivo de militares a la región.