Colombia le dijo no a Wa-shington. El gobierno del presidente Alvaro Uribe descartó la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en su territorio. Bogotá salió a disipar rumores después de que el embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, anunciara que inició un proceso de consultas con países de la región para reubicar la base militar que su país mantiene en Ecuador. El miércoles, el gobierno de Quito notificó a la administración norteamericana que deberá tener desalojada la base de Manta para agosto de 2009.

El anuncio lo hizo el canciller colombiano, Jaime Bermúdez. “El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha expresado que Colombia no tendrá una nueva base militar de Estados Unidos, pero sí consolidará los mecanismos de cooperación con este país”, dijo. Las declaraciones del ministro se suman a las palabras del propio Santos, quien ya había negado versiones similares. “El tema ya lo hemos discutido con los estadounidenses. No hay ni habrá base. Así de rotunda y categóricamente”, había dicho el titular de Defensa el 9 de junio.

Los rumores habían vuelto a sonar ayer, tras el anuncio de Quito de poner fin al acuerdo que permitía la presencia militar estadounidense en Ecuador. Brownfield anunció que su país comenzó a buscar un destino para reubicar el contingente de 475 militares y contratistas que su país posee en Ecuador. “Lo que vamos a hacer es consultar con los otros gobiernos para ver si hay posibilidades de colaboración para este trabajo”, sostuvo, según informó la cadena Telesur. El diplomático enfatizó que entre los consultados estará el gobierno colombiano, su principal aliado en la región.

Uno de los candidatos a tomar la posta ecuatoriana es Perú. Aunque el gobierno del presidente Alan García lo niega, la posibilidad fue aceptada por las Fuerzas Armadas el pasado 16 de junio. “Efectivamente estamos en conversaciones (con Estados Unidos) para construir un aeródromo militar”, sostuvo entonces el jefe del ejército, el general Edwin Donayre. La base podría ubicarse en la zona de Ayacucho, donde actualmente hay desplegados unos 120 soldados estadounidenses, en una supuesta misión humanitaria.

El miércoles, el gobierno del presidente Rafael Correa comunicó oficialmente a la Casa Blanca su decisión de cerrar la base militar de Manta. “En conversaciones mantenidas con funcionarios estadounidenses se acordó que las operaciones que se realizan amparadas en el mencionado Acuerdo terminen en el mes de agosto de 2009”, señaló la Cancillería en un comunicado. Los militares y funcionarios extranjeros tendrán plazo hasta noviembre del próximo año para retirarse de la base ubicada en la costa del suroeste ecuatoriano.

La respuesta de Washington fue casi inmediata. “La decisión de cerrar la instalación ha sido tomada por el gobierno de Ecuador de forma soberana, pero resaltamos, no obstante, que el cierre dejará un serio vacío en los esfuerzos de EE.UU. y de sus socios de luchar contra el narcotráfico”, sostuvo el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack. La Casa Blanca considera a Manta la punta de lanza de su estrategia contra el narcotráfico en el Pacífico. No obstante, según indicó Brownfield, reconoce otras funciones que el personal militar lleva a cabo, como combatir “la delincuencia internacional, la falta de seguridad y el terrorismo”.

Desde Quito restaron importancia a las declaraciones del diplomático. “Los éxitos alcanzados en política antinarcóticos no se deben a la presencia de esa base”, sostuvo el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea. El funcionario habló del liderazgo de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y afirmó que el retiro de los estadounidenses no alterará sus políticas antidrogas.

El convenio entre Ecuador y Estados Unidos había sido suscripto en noviembre de 1999, para el uso de la Base Militar Eloy Alfaro por tropas estadounidenses por un período de diez años. El objetivo era controlar el tráfico de drogas en la región. Pero, casi desde su instalación, la presencia de las tropas norteamericanas provocó sospechas de que el puesto tenía además otros fines militares, como apoyar la lucha contra la guerrilla en Colombia y la localización de barcos pesqueros que transportaban de forma ilegal emigrantes ecuatorianos.

La finalización del acuerdo había sido bandera de Correa desde 2006, durante su campaña presidencial. Para evitar que en el futuro pueda tener lugar una experiencia similar, en la nueva Constitución ecuatoriana se incorporó un artículo que prohíbe la instalación de cualquier tipo de base militar foránea.