Las favelas de Río de Janeiro ya no pertenecen sólo a los narcos. Según un informe de la Secretaría de Seguridad carioca, difundido esta semana por el diario O Estado de Sao Paulo, los nuevos grupos parapoliciales desterraron a los narcotraficantes en 171 de las 600 favelas que copan la ex capital brasileña. El informe, que está dirigido a la Comisión Investigadora del Congreso, no detalla cuántos muertos ha dejado esta lucha territorial ni menciona las denuncias sobre la presunta colaboración entre estos nuevos grupos armados y las fuerzas de seguridad cariocas.

En total, el texto identifica a 521 parapoliciales, entre ellos 156 miembros activos de la Policía Militar, 18 agentes de la Policía Civil, 11 oficiales del cuerpo de Bomberos, tres guardias penitenciarios, tres militares y varios ex policías. Hace dos semanas, los cariocas tuvieron una primera señal de la expansión de estas bandas. La policía detuvo al diputado estadual Natalino José Guimaraes, un hombre del conservador Partido Demócrata. Según la fiscalía, el dirigente era el máximo líder de una de estas milicias, la Liga de la Justicia.

Los grupos parapoliciales empezaron a aparecer en las favelas cariocas hace 30 años, cuando los comandos narcos se convertían en los señores indiscutidos de las barriadas de la ciudad. Sin embargo, no fue hasta hace dos años que estos grupos armados comenzaron a organizarse para desplazar a los narcos y a todas sus estructuras sociales.

Los informes de inteligencia del gobierno sostienen que estas milicias consiguieron imponerse a algunos de los comandos narcos más grandes y fuertes del país. De las 171 favelas que controlan, 29 solían estar en manos del Comando Vermelho, uno de los grupos más antiguos, 14 eran del Tercer Comando Puro y 9 pertenecían a los hombres de Amigos de los Amigos.

Según la prensa y denuncias de organizaciones de derechos humanos, los parapoliciales se convirtieron en el Estado en sus favelas: cobran un impuesto por mantener la seguridad, garantizan el funcionamiento de la red del gas, instalan la televisión por cable y manejan todo el tránsito clandestino de personas y mercadería. Lo que todavía nadie se anima a asegurar es si retomaron las rutas y la red de distribución de drogas que habían creado sus antecesores.

Después de la detención de Guimaraes, el diputado conservador, la Justicia brasileña abrió una investigación para determinar si estos grupos están financiando campañas políticas locales y nacionales. A principio de este mes, un líder comunitario echó en la favela de la Rocinha a un candidato que intentaba hacer campaña. Según reprodujeron los medios entonces, le dijo que allí sólo hacía campaña su candidato. Organizaciones de vecinos contaron más tarde que los parapolicias los presionan durante la época electoral para votar por su gente para la Legislatura local y las alcaldías.