[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Con la debacle de Wall Street uno se olvida de que Estados Unidos pelea dos guerras. Pero el mundo sigue girando y mañana arranca un proceso clave para el futuro de esas guerras y de todas las guerras, las de ahora y las que están por venir.

En las sesiones del Primer Comité de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Desarme y Seguridad Internacional que empiezan mañana, se discutirá la propuesta de un Grupo de Expertos nombrado por la organización para crear un tratado que regule la venta de armas.

El propósito es evitar que las armas terminen en manos de ejércitos privados, habituales protagonistas de las guerras modernas, que los expertos han dado en llamar “conflictos de baja intensidad”, porque las matanzas se estiran en el tiempo en vez de ocurrir todas juntas.

Previsiblemente, el principal oponente al tratado no es otro que Bush. Parece que todavía no le cayó la ficha. El crac demostró que los mercados necesitan controles, pero él todavía defiende el libre comercio de ametralladoras.

Por eso, entre las muchas herencias que formarán parte del legado de George W. Bush, hay que anotar ésta: mientras él se oponía a cualquier regulación que estropease el negocio del lobby del rifle, Latinoamérica se llenó de armas de fuego estadounidenses y gran parte de ese arsenal terminó en las manos de grupos insurgentes, secesionistas, paramilitares y narcoterroristas.

Según estudios recientes, las exportaciones de Estados Unidos a la región no se limitan al armamento pesado de uso estrictamente militar, sino que la potencia del Norte es por lejos la principal exportadora de armas cortas y ligeras, categoría que incluye ametralladoras, granadas y lanzamisiles portátiles. Esas mismas armas regaron con sangre la selva colombiana, las favelas brasileñas y las fronteras mexicanas.

En el ámbito mundial, el tráfico de armas ligeras mueve más de seis mil millones de dólares por año y menos de la mitad de los países exportadores informa sobre sus ventas. Las armas livianas causan el noventa por ciento de las bajas en conflictos armados a un ritmo de al menos 140 muertes por hora, más que la epidemia de sida en su peor momento.

Hasta ahora los países exportadores de armas como Estados Unidos, Rusia o India han tenido éxito presentando el tema como un asunto comercial, desligado de la política exterior.

En el 2001, el entonces subsecretario de control de armas estadounidense John Bolton advirtió en la ONU que su país no tiene la menor intención de regular la comercialización de material bélico, y recordó que en su país la portación de armas es un derecho constitucional. “(Las regulaciones propuestas) impedirían la asistencia a un grupo oprimido que no sea gubernamental para que se defienda de un gobierno genocida”, argumentó el embajador. Esa vez, el discurso de Bolton sirvió para cerrar la discusión. Pero los tiempos cambian.

En los últimos meses un nuevo actor entró en juego con el objetivo de obligar a los gobiernos a tomarse el problema en serio. Ese actor es la sociedad civil, representada por una alianza de organizaciones no gubernamentales (ONG) encabezadas por la principal organización de derechos humanos en el orden mundial, Amnesty International, la agencia de ayuda humanitaria más reconocida del planeta, Oxfam, y dos de las más renombradas ONG de la región, Fundación Arias para la Paz y Viva Río.

Parece que los voluntarios de esas agencias se cansaron de ver sus esfuerzos frustrados por pistoleros y bandidos armados hasta los dientes en las zonas críticas donde trabajan. Por eso promueven la creación de un Tratado de Comercio de Armas que imponga criterios objetivos para decretar un embargo cuando se comprueban violaciones a los derechos humanos en el país comprador, o desvíos a terceros países en problemas. Hasta ahora los embargos se deciden en votaciones del Consejo de Seguridad teñidas por la geopolítica.

Las ONG nombradas forman parte de un comité internacional que asesora al Grupo de Expertos, integrado por representantes de Brasil, Costa Rica, Kenia, Australia, Reino Unido, Japón y Argentina. Preside el grupo el ex vicecanciller argentino, Roberto García Moritán, ya que para el gobierno de Cristina Kirchner forma parte de su política de derechos humanos. Esta semana la ONU votará a favor o en contra de darle un mandato al Grupo de Expertos para que redacte el tratado y lo haga circular. Por eso en estos días las ONG han intensificado sus campañas.

Hace dos semanas Amnesty presentó un informe que, entre otras cosas, responsabiliza a Estados Unidos por demorar y entorpecer el tratado. Además acusa a Estados Unidos y Gran Bretaña de inundar el mercado iraquí con más de un millón de armas desde 2003. El informe habla de “actores dudosos”, “ausencia básica de rendición de cuentas” y “desvíos a grupos armados y mercados ilícitos” en ese país.

También hace dos semanas los 26 gobernadores de México le exigieron al presidente Felipe Calderón que presente una queja formal en Estados Unidos por “la venta indiscriminada de armas de guerra en 10.000 puntos fronterizos entre México y ese país”. Calderón por ahora no trasladó la queja a Washington.

Por su parte, una ONG argentina, Asociación para Políticas Públicas, que también integra el comité internacional, presentó en la ONU hace pocas semanas un completo informe de transferencias legales de armas en América latina entre 1994 y 2006, realizado a partir de la información disponible en la base de datos de comercio exterior de la ONU, Comtrade.

El informe contiene algunos datos dignos de mención. Por ejemplo:

- El principal exportador de armas a la región es Estados Unidos, con un 33,2 por ciento del total, seguido por Israel (10,4%) y Sudáfrica (8,6%). “Estados Unidos, dice que tiene como principal prioridad la seguridad, pero al mismo tiempo es el principal exportador de armas a la región, en especial de armas pequeñas, las cuales además de alimentar la violencia ya existente pueden o son desviadas hacia el crimen o el terrorismo”, dice Diego Fleitas, autor del informe.

- Colombia es el principal importador de armas con un 37% del total (U$S 868 millones) seguido por México con un 18% (U$S 431 millones) y Brasil con el 10% (U$S 232 millones). Justamente se trata de los tres países que más problemas tienen con el paramilitarismo y el narcoterrorismo.

- El mayor crecimiento en la compra de armas se observa en Venezuela (482%) seguido por Colombia (158%). Sin embargo, en volumen total las compras colombianas cuadriplican a las venezolanas. Estas cifras sugieren que se desató una carrera armamentista entre los dos países.

- El armamento ruso incrementó su presencia en la región en un 4400%, aunque sólo controla el ocho por ciento del mercado. La reconversión de las FF.AA. venezolanas hacia el armamento ruso que impulsa el gobierno chavista preocupa a Washington, porque históricamente las principales guerrillas de la región se han pertrechado con armamento de origen ruso o soviético, como es hoy el caso de las FARC.

Por el lado de las exportaciones de armas, desde la región también surgen datos preocupantes. Estados Unidos es, nuevamente, el principal comprador de armas latinoamericanas, con un 53% del total. Pero hay más.

- México se ha convertido en el segundo exportador de la región, detrás de Brasil y delante de Argentina, al haber aumentado 253% su producción en los últimos doce años. En la Argentina, durante el mismo período, la producción cayó un 40%. El principal rubro de las exportaciones de material bélico mexicano es el de partes de armas, alentado por la demanda incesante de las fábricas estadounidenses.

- Los países latinoamericanos no siempre respetaron los embargos de armas dispuestos por la ONU. Es el caso de Argentina, que les vendió armas a Libia en 1995, y Brasil, que le vendió a Eslovenia y Croacia entre 1994 y 1996, o sea apenas meses después de que se desatara un escándalo por la venta de armas argentinas a la misma región.

- Brasil también le vendió armas a países con serias violaciones de derechos humanos como Zimbabue, Angola, Indonesia, Nepal o Sri Lanka.

- Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay no fabrican armas pero las exportan, por lo que podría haber violaciones del certificado de destino final o triangulaciones.

- Argentina y Brasil, a pesar de tener misiones de paz en Haití, han exportado millones de dólares en armas pequeñas y municiones a República Dominicana, país que es señalado por sus débiles controles y por ser un lugar de desvío de armas hacia Haití. Como resultado se da el absurdo de que los cascos azules son blancos de ataques con armas fabricadas en los países de donde provienen.

Los controles, si los hay, fallaron. En el 80% de las exportaciones y el 70% de las importaciones en la región, alguna de las partes no tiene o no brinda información sobre su existencia, asegura el informe.

El lobby de las armas norteamericano, con el finado Charlton Heston y Sarah Palin como estandartes, y el chino, el ruso y el indio, conforman un bloque granítico. Ninguna estadística lo conmueve. Sus argumentos son archiconocidos. Las armas no matan, sino la gente que las usa. El mundo es peligroso y hay que defenderse.

La semana pasada piratas somalíes interceptaron un barco ucraniano que transportaba armas supuestamente compradas por Kenia, pero que en realidad estarían destinadas a Sudán. “Nosotros queremos dinero, no armas, porque las armas le han hecho mucho mal a mi país”, declaró uno de los delincuentes horas después del abordaje.

Queda claro que el mundo está en problemas cuando hasta un pirata somalí tiene más escrúpulos que el ocupante de la Casa Blanca.

[email protected]