La purga militar en Colombia llegó ayer hasta el jefe del ejército, el general Mario Montoya, y amenaza por primera vez al ministro de Defensa, el intocable Juan Manuel Santos. El comandante preferido del presidente Alvaro Uribe tuvo que renunciar presionado por el aluvión de denuncias contra el ejército. La gota que rebasó el vaso no vino de la oposición ni de las víctimas, sino de un hombre que mantiene buena relación con el gobierno. El fiscal general Mario Iguarán alertó ayer que en lo que va del año su oficina ya recibió más de mil denuncias de civiles que fueron ejecutados sin razón por los militares. “En Colombia hay miles de desaparecidos.” En el Congreso colombiano uribistas y opositores no se contentaron con la salida de Montoya y anoche votaban la apertura de un juicio político contra el ministro de Defensa.

Con Montoya se va uno de los principales ejecutores del Plan Colombia norteamericano y la política de seguridad democrática de Uribe. A los 59 años, el general había acumulado más de 20 condecoraciones y más de una denuncia por presuntos vínculos con los paramilitares. Conoció a Uribe a mediados de los noventa, cuando el presidente era gobernador de Antioquia y él comandaba las fuerzas de esa región. Desde entonces se defienden a muerte. “Es un soldado honesto de la patria”, dijo recientemente el mandatario del ex profesor de la Escuela de las Américas.

Un día antes el diario norteamericano The Washington Post lo había acusado de entregar armas a los paramilitares que tomaron a sangre y fuego un pequeño pueblo del Chocó en mayo de 2002. Cinco meses después, según un documento desclasificado de la CIA, Montoya apoyó una ofensiva paramilitar para desplazar a las guerrillas de los suburbios más pobres de Medellín. En los enfrentamientos, catorce civiles murieron y decenas desaparecieron. Los familiares de las víctimas siguen pidiendo que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad en la masacre.

Pero en los últimos meses, el general preferido de Uribe venía celebrando una seguidilla de “éxitos”. Primero el bombardeo del campamento del entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes. Después el abrazo sentido con la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt frente a las cámaras de todo el mundo, después del rescate militar que liberó a quince rehenes, entre ellos tres contratistas estadounidenses. Hace dos semanas volvió a sonreír al anunciar que Oscar Tulio Lizcano, uno de los últimos políticos que les quedaban en cautiverio a las FARC, había logrado escaparse.

Su última aparición no fue tan feliz. La semana pasada se paró detrás de Uribe cuando el mandatario anunció la mayor purga militar de su gestión. Ordenó el paso a retiro a 27 oficiales de su arma, entre ellos a tres generales. Fueron los primeros fusibles que saltaron por la ejecución de once jóvenes bogotanos. Según la investigación oficial, las víctimas fueron secuestradas por los militares en enero pasado. No se sabe cuándo ni cómo los mataron, pero hace un mes el ejército informó que habían muerto en combate en el norte de Santander, un departamento a 800 kilómetros de sus casas, en las afueras de Bogotá.

El modus operandi no es nuevo, pero es la primera vez que llega a la capital. En diciembre pasado un sargento del ejército destacado en el norte de Santander se presentó voluntariamente a la fiscalía local y lanzó una bomba: sus superiores lo premiaban a él y a todos sus compañeros con cinco días de descanso por cada guerrillero o supuesto guerrillero que mataban. Tres días después la cúpula del ejército le informaba al sargento Alexander Rodríguez que lo pasaban a retiro de forma inmediata.

Ayer Uribe llamó a una conferencia de prensa y anunció su reemplazo, el general Oscar Rodríguez, actual comandante de la región norte, fronteriza con Venezuela y sede de los nuevos grupos paramilitares.