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Faltan 34 días para juntar las 254 mil firmas necesarias en Uruguay que habiliten plebiscitar la Ley de Caducidad. Todo indica que será posible. Todo indica que la mayoría del país se resiste a olvidar el horror del pasado. Según una encuesta difundida esta semana por la empresa Cifra, la mitad de los uruguayos apoya la realización de una consulta en la que se decida la derogación o no de la ley que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). La amnistía fue promulgada en 1986 por un pacto entre nacionales y colorados y luego ratificada en un plebiscito en 1989. Por si hiciera falta, el hecho de que los reclamos por justicia y verdad continúen a 23 años de dicha promulgación demuestra el fracaso del supuesto objetivo de dar vuelta la página y “mirar al futuro”.

La campaña de recolección de firmas impulsada por la principal central sindical, PIT-CNT, junto a organizaciones defensoras de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, es el signo de un cambio aun mayor: en febrero, tanto el Ejecutivo y como el Congreso declararon inconstitucional la amnistía para el caso del secuestro y asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. El expediente está en manos de la Corte Suprema, pero no es un dato menor que se haya evidenciado un cambio en las instituciones políticas del país.

La llegada al poder de Tabaré Vázquez en 2005 generó expectativas de cambios. Pero no hubo una política de Estado a favor de la memoria y la justicia. Tabaré se limitó a marcar algunas excepciones a la ley de amnistía. La novedad de febrero fue un punto de inflexión que se dio en el último año de su gobierno.

El tema se mete en la campaña electoral, que tendrá como primer capítulo el llamado a internas de todos los partidos políticos el 28 de junio, para que definan a los candidatos presidenciales. En el Frente Amplio, que lidera los sondeos ante los opositores partido Blanco y Colorado, surgió un tercer candidato que, si bien cuenta con menos chances (un 12 por ciento de apoyo entre los frenteamplistas), podría quitarle votos tanto al popular José “Pepe” Mujica (hoy con un 49 por ciento de apoyo arrasa en las bases) como el preferido de los mercados y ex ministro de Economía, Danilo Astori (33 por ciento).

Marcos Carámbula está a favor de derogar la Ley de Caducidad. “Nuestra campaña habla de un Uruguay de los derechos humanos. Sólo se puede construir un futuro en base a la verdad y la justicia; que haya transparencia para resolver los casos. Con esta ley no se ha podido avanzar todo lo que se hubiera querido en resolver los casos de los desaparecidos”, dice a este diario.

El de Nibia Sabalsagaray es emblemático y toca de cerca al precandidto. “Nibia tenía 23 años cuando la secuestraron. Ella era muy dulce, una poeta y yo estudiaba Medicina, militábamos en la Juventud Comunista. Era muy amigo de su novio. Los militares dijeron que se había suicidado, pero los familiares y los amigos no nos resignamos a la versión del suicidio, 24 horas después de que la tuvieran presa. A partir de un testimonio de un médico forense supimos que la mataron y se pudo reabrir la causa”, dijo sin poder ocultar la emoción.

Carámbula estuvo en Buenos Aires por unas horas y visitó el Museo de la ESMA. El intendente de Canelones, que se asume como independiente dentro de la coalición, por primera vez aspira a la presidencia. En caso de que no lo logre, hay quienes dicen en su país que Carámbula será el vicepresidente del ex guerrillero tupamaro. El intendente hace una pausa y de algún modo lo insinúa: “Particularmente con Mujica mantuve conversaciones extensas en su chacra”. Aunque enseguida advierte: “Como nací con el FA voy a hacer lo que éste resuelva. Podría acompañar a cualquiera de los dos”.

Si tanto Mujica como Carámbula apoyan la campaña de recolección de firmas, Astori recién este año ha asumido como propio el reclamo de terminar con la impunidad, que puede interpretarse como un gesto hacia la izquierda del partido.

Más allá de quien resulte ganador, el Frente pareciera cerrar filas detrás de una posición unívoca respecto de los derechos humanos. Necesitó todo un mandato para recién prometer una política de Estado profunda a favor del enjuiciamiento a las atrocidades de la dictadura.

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