El estado permanente de clima electoral, que ahora se ha exacerbado por el probable adelantamiento de las elecciones legislativas, es la expresión de una tensión que en la esfera económica se ha repetido en décadas pasadas: los bloques de poder económico que pueden tener proyectos con aspectos diferentes se unen estratégicamente en momentos históricos particulares para que el ajuste sea soportado por los trabajadores y los sectores de ingresos fijos. Ese proceso asociativo más reciente fue en los noventa, cuando la triple alianza entre grupos económicos locales, banca acreedora y multinacionales se produjo para el desguace del Estado. La convertibilidad fue en primera instancia el vehículo para estabilizar la economía y luego para facilitar esa comunión de negocios. Culminada esa etapa, en la segunda mitad de esa década, los destinos se bifurcaron entre militantes de la devaluación (grupos vinculados a la exportación y que ya se habían desprendido de parte de sus participaciones en privatizadas) y abanderados de la dolarización (banca acreedora y operadores de servicios públicos multinacionales). El saldo de esa disputa fue el triunfo para el primer bando con una megadevaluación que provocó una inmensa transferencia de ingresos desde los sectores más vulnerables hacia el capital concentrado. Ahora se intenta reeditar ese proceso traumático alentado por otra comunión, bendecida por las corporaciones mediáticas, entre el bloque de poder emergente de la trama multinacional sojera y el tradicional industrial devaluador. Ambos buscan preservar márgenes de ganancias elevados que implican sumergir en el ajuste a los sectores más débiles, entre ellos a la clase media urbana, que se caracteriza por su claridad para saber qué intereses defender.

El campo privilegiado de la Pampa Húmeda, representado por cuatro entidades patronales que ya perdieron sus rasgos históricos que las diferenciaban para hoy redefinirse como la Federación Rural de la Soja Argentina (FRSA). Su objetivo es avanzar sobre los Derechos de Exportación, en especial sobre los que se aplican a la soja. La misión es eliminarlos. La pérdida de recursos que se derivaría de esa eventual medida no podría ser compensada en forma inmediata por otros ingresos al fisco. El consecuente desfinanciamiento de las cuentas públicas debería ser cubierto con más endeudamiento. Un sector de la oposición ofrece como alternativa recibir dinero del FMI para cubrir ese bache, lo que implica el regreso a las políticas de ajuste que aún hoy sigue exigiendo el Fondo en cada uno de los créditos que otorga, como lo están padeciendo los países de Europa del Este. Además, muchos productores en pueblos del interior no pueden seguir diariamente la maratón de sus dirigentes por la cadena nacional de medios privados y no se enteran de que en más de una ocasión la Mesa de Enlace se ha quejado del “retraso” del tipo de cambio. La receta que propone entonces la trama multinacional sojera, con la claque del arco opositor, es transitar el camino de la eliminación de las retenciones y de una fuerte devaluación. En ese campeonato nacional de la ausencia de la repregunta, esos dirigentes de rentistas y productores sojeros no tienen la posibilidad de explicar los efectos sobre los precios y el salario de su proyecto de combo devaluación+sin retenciones. En su momento, Alfredo De Angeli brindó una pista no muy difícil de entender: el kilo de lomo a 80 pesos, inhibiéndose de seguir con el resto de la lista de precios de carnicería y verdulería.

El otro bloque de poder, que en estos momentos está eclipsado por el conflicto con el campo pero no por eso está ausente, tiene su expresión formal en la Unión Industrial Argentina, entidad patronal que en pocos meses tendrá como presidente a Héctor Méndez, secundado por José Ignacio de Mendiguren, quien sabe bien de qué se trata una devaluación. Esta futura conducción y otros representantes de la industria han reclamado por una fuerte devaluación para, según sostienen, recuperar competitividad frente al proceso de depreciaciones de monedas de la región. La preservación del empleo y la protección de la industria frente a las importaciones, que en otro momento podía brindar un ajuste cambiario, hoy con la crisis internacional, que ha provocado una caída abrupta del comercio internacional, sólo terminará afectando el nivel de actividad interna. No aumentará exportaciones y sí la rentabilidad empresaria; no disminuirá importaciones, que más bien tienen que ser controladas por vías aduaneras, ni protegerá al empleo y sí lo deprimiría por la incertidumbre y la desaceleración económica generada por el shock externo y el impacto de la devaluación. Además, el índice de Tipo de Cambio Real Multilateral que elabora el Banco Central sigue mostrando que la paridad cambiaria no está tan retrasada como ellos afirman. Por eso la devaluación que pretenden apunta esencialmente a bajar en forma abrupta los costos laborales. Para alcanzar esa instancia, con la amenaza de suspensiones y despidos de personal, presionan por un congelamiento de las negociaciones salariales, como objetivo de máxima, o presentan la opción de postergar las paritarias a cambio de una suma fija. Esta estrategia de tensión salarial ya viene desde fines de 2007, cuando los grupos industriales con posición dominante en el mercado doméstico han definido el límite a la mejora de la distribución del ingreso. Desde entonces han dispuesto alzas de precios que han venido erosionando e impidiendo la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Esas subas de precios, que revela esa puja distributiva, así como también la presión por un ritmo más acelerado de la devaluación junto a la contención de los incrementos salariales vienen a preservar y, fundamentalmente, a aumentar las tasas de ganancia registradas en el período de posconvertibilidad. Quieren volver a los márgenes extraordinarios que les otorgó en forma inmediata la megadevaluación. La crisis internacional que provocó la desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía doméstica les brinda el escenario para forzar su propuesta de combo devaluación+congelamiento salarial.

Esa nueva comunión de negocios tiene diversas expresiones políticas y varios economistas del miedo que pueden llevar a la confusión sobre sus motivaciones. Pero los objetivos de la trama multinacional sojera y los grupos industriales concentrados son muy claros para cualquiera que quiera escucharlos y verlos en sus diarias recorridas mediáticas.

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