A 24 años de la vuelta de la democracia en Uruguay, la Justicia de ese país condenó por primera vez a un grupo de militares y policías por crímenes cometidos durante la dictadura. El juez de primera instancia Luis Charles condenó a cinco oficiales retirados a 25 años de prisión y a otro ex militar y dos ex policías a 20 años de cárcel por el asesinato de 28 jóvenes militantes de izquierda uruguayos. Las víctimas habían sido secuestradas en septiembre de 1976 en Buenos Aires, torturadas en el centro de detención clandestino conocido como Automotores Orletti y trasladadas un mes después a Uruguay en el segundo vuelo de la muerte. Lo último que se sabe de ellos es que fueron recluidos en el Batallón 13 del ejército uruguayo. No se sabe dónde fueron enterrados sus cuerpos, están desaparecidos, pero el juez Charles condenó a los represores por homicidio muy especialmente agravado.

Los defensores de derechos humanos descartaban ayer que los represores darán batalla y apelarán el fallo hasta llegar a la Corte Suprema. Pero esa perspectiva no les opacó el día. “Tenemos confianza de que los tribunales superiores van a ratificar el fallo, como lo hicieron con los autos de procesamiento. Ahora nuestro trabajo es fotocopiar la sentencia y llevársela a todos los jueces uruguayos”, le dijo a este diario, emocionado, el coordinador de Serpaj en ese país, Guillermo Payseé.

El fallo, histórico, es larguísimo. El juez Charles se tomó su tiempo para argumentar con detalle la responsabilidad de los ocho ex militares y policías en el secuestro y asesinato de los militantes uruguayos, la mayoría del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Pero también le dedicó varias páginas a insertar su accionar en un contexto de terrorismo de Estado, que rebasó las fronteras uruguayas y que dejó cerca de 300 uruguayos asesinados, la mayoría desaparecidos. “Los encausados constituyeron un grupo que actuó en un teatro de operaciones que no reconocía fronteras ni nacionalidades de las víctimas, con plenos poderes, pues no sólo no se sujetaban a reglas del derecho positivo, sino tampoco morales o éticas, por lo que ahora son responsabilizados”, escribió el magistrado, según publicó ayer el diario uruguayo La República.

Los condenados son los militares retirados Gilberto Vázquez, José Ricardo Arab, Ernesto Ramas, José Gavazzo, Luis Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira y los policías, también retirados, José Sande Lima y Ricardo Medina. Según el juez Charles, existen pruebas contundentes de que todos ellos participaron de las sesiones de tortura en Orletti, del traslado hacia Uruguay y de las presuntas ejecuciones en el batallón del ejército.

La mayoría de las víctimas de la causa eran jóvenes militantes del PVP, un partido minoritario de la izquierda uruguaya, que a diferencia de los más radicales Tupamaros no estaban tras las rejas cuando el ex presidente Juan María Bordaberry dio un autogolpe e instaló una dictadura en 1973. Se escaparon hacia la otra orilla del Río de la Plata, donde por entonces gobernaba el peronismo. Días después del golpe de Estado argentino de 1976, los militantes uruguayos comenzaron a ser perseguidos y secuestrados, como parte de los operativos del llamado Plan Cóndor.

En Uruguay el caso es conocido como el juicio del segundo vuelo de la muerte. Según confirmó ayer el juez Charles, en ese vuelo viajaron 28 prisioneros uruguayos: Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Juan Pablo Recagno, Washington Queiró, Walner Betancour, Carlos Rodríguez, Julio Rodríguez, Rubén Prieto, Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera, Mario Cruz Bonfiglio, Armando Bernando, Washington Cram, Roger Julien, María Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Josefina Keim, Juan Miguel Morales, Ary Cabrera, León Duarte y Gerardo Gatti.

La condena de ayer tardó casi dos años y medio, desde que fueron procesados los ocho responsables. “Tardó mucho, mucho, pero este día tenía que llegar a Uruguay”, celebró Payseé del Serpaj. “Espero que el fallo sirva para agilizar las otras causas”, agregó.

Desde que Tabaré Vázquez asumió el poder en 2005, el gobierno ha ordenado la investigación de más de una docena de crímenes de la dictadura, por considerar que quedaban fuera de la Ley de Caducidad, la amnistía aprobada durante los primeros años de la democracia. Cuatro años después, sólo dos causas tienen procesamientos firmes; una contra el dictador Bordaberry por la coautoría de 10 homicidios muy especialmente agravados y otro contra él y su ex canciller Juan Carlos Blanco por el homicidio en Argentina de cuatro dirigentes uruguayos, entre ellos el ex senador Zelmar Michelini. Si el dictador es condenado en los dos juicios podría recibir hasta 60 años de cárcel, lo que a sus 80 años, significaría pasar sus últimos días tras las rejas.