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Gregorio Perez Companc y su familia exigirán como derecho intangible recibir prestaciones del sector público en la misma proporción de sus cargas impositivas. Esa tributación fiscal se estima importante teniendo en cuenta sus riquezas y suponiendo las cualidades de contribuyente en regla con la DGI, cuestión que le correspondería definir a la AFIP. Mientras tanto, el Estado debería privilegiar a los Perez Companc sobre el resto menos afortunado para la provisión de los esenciales servicios de educación, salud, seguridad y también de jubilación digna teniendo en cuenta la edad del jefe del clan. El Estado no debería entonces distraer recursos que les corresponden exclusivamente a ellos, puesto que es dinero que salió de sus bolsillos al pagar impuestos. No sería equitativo que esos fondos fuesen a atender necesidades de otros sectores sociales que no aportan tanto dinero a las arcas públicas. Se trataría de una injusticia que pobres, excluidos y habitantes en el inseguro territorio de la clase media se beneficiaran de un Estado solventado por los grupos de mayor capacidad contributiva.

Semejante absurdo no sería expresado de ese modo por políticos, analistas y economistas del establishment aunque lo pensaran porque generaría un rechazo abrumador. El esquema impositivo, las prestaciones estatales y los aportes al fisco de los diferentes estratos económicos según su capacidad contributiva son bastante más complejos que la simplificación del caso expuesto de los Perez Companc. Pero lo relevante de esa presentación se encuentra en la concepción que encierra esa idea acerca de que cada uno tiene que recibir en función a lo que aporta. Es una forma premoderna de pensar la organización fiscal de una sociedad, que sin embargo ha sido manifestada sin tapujos en la nueva etapa que se ha abierto para emprender la regresión al modelo agroexportador con la sucesión de lockout del sector del campo privilegiado.

Gobernadores e intendentes de provincias sojeras, diputados y senadores que piensan que los porotos de oro transgénico les brindarán votos para preservar sus bancas y economistas rigurosos en pronósticos fallidos han sostenido esa peculiar idea de equidad tributaria: más para los que más tienen y menos para los que más necesitan. Con ese criterio afirman que ahora las zonas productoras de soja son castigadas porque reciben muy poco de lo que recauda la Aduana por los Derechos de Exportación a esa oleaginosa. Esa concepción sobre reciprocidad fiscal se ha intensificado con la creación del Fondo Federal Solidario para repartir entre las provincias el 30 por ciento de lo recaudado por ese arancel aduanero a la soja, según el coeficiente de coparticipación que le corresponde a cada distrito. La noción básica reside en que las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, zona donde se produce gran parte de la soja, deberían recibir más que el resto. O, en otras palabras, que están aportando mucho más de lo que les vuelve en obras y servicios desde el poder central.

Esa forma de abordar el contrato fiscal entre la Nación y las provincias, como así también entre los contribuyentes y la AFIP, sería un paso para avanzar en la desintegración social y productiva, y derivaría en un engendro aún mayor que el actual esquema de coparticipación. Además de generar más inequidad entre distritos ricos y pobres, se concluiría que algunas provincias deberían desaparecer porque son inviables fiscalmente. Llevado al extremo, ese concepto de “tanto pongo, tanto me llevo” recuperaría uno de los proyectos del menemismo de crear regiones, agrupadas por nivel de ingresos y recursos naturales, hasta decretar que algunas zonas son fallidas y, por lo tanto, definir su inviabilidad. Por ejemplo, las áreas geográficas sin soja, petróleo, gas y minerales pasarían a la categoría de subprovincia, con excepción de la Capital Federal.

La pelea por cómo se distribuye la extraordinaria renta agropecuaria y ahora sobre cómo se reparte parte de ella entre las provincias revela la dificultad que encierra poder implementar un nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos. El actual se ha convertido en un espanto por los diferentes parches de las últimas décadas. Diseñar uno nuevo es una obligación incumplida por los sucesivos gobiernos desde que la Constitución aprobada en 1994 instruyó a diseñar una renovada estructura de distribución de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias.

El simple antecedente de la reacción provocada por ese Fondo Federal Solidario

inhibe el intento para plantear esa discusión. Basta imaginar a los 24 distritos más la Nación en una misma mesa pujando por el reparto de los recursos escasos para desalentar a cualquier gobierno a pretender abrir ese debate. Sin embargo, la necesidad de racionalizar un nuevo pacto fiscal y empezar a construir institucionalidad sobre cómo se reparten los ingresos tributarios, proceso que debería comenzar en forma lenta pero continua, se presenta como una prioridad para avanzar en estabilidad económica. En ese sentido, también el fortalecimiento de las atribuciones como así también la eficiencia de los organismos de recaudación impositiva de las provincias ofrecería la posibilidad de ganar márgenes de autonomía sobre el poder central. Por caso, si no recaudan para no afectar a los grupos económicos locales, las provincias no deberían quejarse tanto porque quedan atrapadas en los giros de recursos de la Nación.

El tributarista Jorge Gaggero explica que “en los últimos 25 años se concretó en la Argentina una muy fuerte descentralización del gasto público (en educación, salud e infraestructura, en especial), lo que agravó el desequilibrio entre los recursos de recaudación directa y los gastos de provincias y municipios”. Este desbalance fue cubierto por los giros del régimen de coparticipación y por otras transferencias nacionales.

Gaggero señala al respecto que “se afirmó de este modo un sistema fiscal federal que hace muy difícil la gestión de la economía durante los ciclos e impide el ejercicio de la responsabilidad fiscal por parte de los distintos niveles de gobierno”.

La posibilidad de comenzar a corregir esta anomalía está vinculada con los cambios al régimen de coparticipación federal de impuestos. Pero el debate que se abrió con el fondo de la soja preanuncia el nivel rústico que tendría esa necesaria reforma pendiente.

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