Desde Lima

Con un discurso político que buscó reivindicar su gobierno y su política antisubversiva, pero en el que no respondió directamente los cargos en su contra por violaciones a los derechos humanos, el ex dictador peruano Alberto Fujimori (1990-2000), de 70 años, inició ayer su alegato final en el juicio que se le sigue por la guerra sucia desarrollada durante su gobierno para combatir la guerrilla.

“Mi estrategia de pacificación fue la correcta y no me arrepiento de haberla llevado a cabo. Me siento orgulloso”, dijo Fujimori durante su discurso de una hora y cincuenta minutos. El ex presidente culminará mañana su presentación ante el tribunal que lo procesa. Luego de un año y cuatro meses de juicio, la sentencia deberá dictarse en un plazo máximo de cinco días hábiles. La fiscalía ha pedido una condena de treinta años para Fujimori, por los delitos de secuestro y homicidio. Las 159 audiencias de este juicio, calificado de histórico y comparado por los juristas y analistas peruanos con el proceso a las juntas militares de Argentina, han sido transmitidas en directo por televisión.

“Estoy tranquilo, aunque mi presión está un poco alta. Nadie ha podido aportar una prueba que me condene. Soy inocente”, señaló Fujimori al inicio de su alegato. Sus palabras parecieron estar dirigidas más a la audiencia que lo veía por televisión que a los jueces que lo procesan. El hombre que gobernó Perú durante una década marcada por la represión y la corrupción describió un escenario catastrófico para referirse al país que recibió como presidente en julio de 1990. “Goberné desde el infierno”, dijo, para luego presentarse como “el hombre que derrotó el terrorismo”.

Incluso pronosticó que su nombre figurará en los libros de historia como el pacificador del Perú y aprovechó la oportunidad para nombrar a su heredera política. “Mi legado permanecerá. Un legado que continuará mi hija Keiko”, actual congresista y casi segura candidata presidencial para las elecciones de 2011. Fujimori llegó a decir que la mayoría de los peruanos están de su lado y quieren su libertad. Sin embargo, la realidad está muy lejos de esa imagen de apoyo popular que intentó vender frente al tribunal que lo juzga y los millones de peruanos que lo escuchaban. Las encuestas revelan que el 70 por ciento de los peruanos opina que Fujimori es culpable.

Fujimori eludió referirse a los cargos concretos que se le hacen por las operaciones ilegales del escuadrón de la muerte Colina, creado por el ejército durante su gobierno para ejecutar a supuestos terroristas. Colina cometió numerosos crímenes, pero a Fujimori se lo juzga solamente por dos de ellos: el asesinato en noviembre de 1991 de quince personas, entre ellas un niño, acribilladas en una modesta vivienda de Barrios Altos, en el centro de Lima; y el secuestro y ejecución, en julio de 1992, de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, ubicada en las afueras de la capital peruana.

Durante el proceso, la fiscalía y la parte civil han presentado pruebas de que el escuadrón de la muerte Colina operó como un destacamento oficial del ejército y que contó con el financiamiento y apoyo del régimen fujimorista. El abogado de Fujimori, César Nakasaki, ha basado su defensa en que no se han presentado documentos firmados por Fujimori ordenando los asesinatos cometidos por Colina. La fiscalía, por su parte, asegura que en casos como éste no existen órdenes escritas para matar y que lo que se debe probar es que Fujimori tenía el control total de las acciones militares durante su gobierno, por lo que un destacamento militar como Colina no podría haber existido sin su aprobación. La parte acusadora asegura que esto está plenamente demostrado y confía en una sentencia condenatoria.

Siguiendo la línea marcada por su abogado, Fujimori calificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno como “excesos aislados” de algunos militares y se desmarcó de ellos asegurando que él no daba órdenes a las fuerzas de seguridad en la guerra antisubversiva, a pesar de que minutos antes había construido una imagen de sí mismo como el conductor único de la política antisubversiva. “Me duelen en el alma las muertes y los excesos que se dieron”, dijo en un momento de su discurso.

Detrás del vidrio antibalas que separaba al procesado ex presidente del público, Raída Cóndor, madre del estudiante Alejandro Amaro Cóndor, asesinado por Colina luego de haber sido secuestrado de la Universidad La Cantuta, movía la cabeza en gesto de incredulidad al escuchar las palabras de Fujimori.