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La reunión de la cumbre del G-20 en Londres el 2 de abril tendrá una agenda muy nutrida y con certeza no cumplirá con las expectativas. Hay una recesión global –la peor en más de 60 años– y se tiene también el problema inmediato de cómo salir de ésta mediante un estímulo fiscal y monetario, así como la posibilidad de llevar a cabo una acción coordinada para reparar el sistema financiero global. Además, se tiene el tema de una reforma a la regulación. Y tristemente, lo último en el programa es la ayuda para los países más pobres, los cuales, mediante la disminución del crédito, el deterioro en las exportaciones y la baja en los precios de las materias primas, pagan el precio más alto en términos humanitarios a causa de un desastre causado principalmente por la gente más rica en los países más ricos. El G-20 también tendrá que tomar decisiones acerca del Fondo Monetario Internacional: ¿cuánto dinero recibirá y cuál será su papel en los próximos meses y años? La administración de Obama ha propuesto 100 mil millones de dólares, con la esperanza de que esto recaudará 500 mil millones de dólares en nuevos fondos. La Unión Europea ha prometido una cantidad similar (75 mil millones de euros).

Esto podría ser un error, a menos que se le obligue al FMI a eliminar las condiciones perjudiciales incluidas en sus préstamos. Hace diez años, en la última gran crisis económica internacional –que comenzó en Asia–, EE.UU. encabezó un gran incremento de fondos para el FMI, y los resultados fueron desastrosos. El Fondo empeoró la crisis en Asia, principalmente a causa de condicionar sus préstamos a objetivos económicos y estructurales dañinos para los países más afectados por la crisis –incluyendo a Indonesia, Tailandia, Corea del Sur y Filipinas–. El FMI se equivocó al menos de la misma manera en Rusia y otros países, y especialmente en Argentina, durante el mismo período.

Estos países aprendieron su lección y acumularon reservas para evitar así la necesidad de acudir al FMI otra vez. El Fondo, sin asumir responsabilidad o despedir a nadie (al igual que algunas corporaciones estadounidenses recientemente), afirma haber aprendido algunas lecciones y también cambiado sus políticas. Pero hay muchas señales alarmantes de que no lo ha hecho. Por ejemplo, por lo menos nueve acuerdos que el Fondo ha negociado desde septiembre de 2008 –incluyendo varios con países de Europa Oriental, El Salvador y Pakistán– contienen algunos elementos de políticas económicas de contracción. Estas incluyen cortar los gastos presupuestarios, elevar las tasas de interés, congelar los salarios de los empleados públicos y otras medidas que reducirán la demanda agregada o impedirán la implementación de programas de estímulo económico en la desaceleración económica actual.

El FMI desde hace tiempo tiene una doble moral cuando se trata de enfrentar desaceleraciones económicas. Para los países ricos, puede ser bastante keynesiano: actualmente está recomendando un estímulo fiscal global del 2 por ciento del PIB. Pero para los países en desarrollo, los que de hecho son forzados a seguir los consejos del Fondo, frecuentemente hay un cuento diferente: estos países “no se pueden dar el lujo” de implementar estas políticas de expansión durante una recesión.

Esta actitud puede frustrar el propósito de prestar dinero a los países en desarrollo durante una desaceleración, lo cual es capacitarlos para que continúen políticas de expansión. La razón principal por la cual estos países “no se pueden dar el lujo” de hacer lo que EE.UU. u otros países ricos hacen durante esta recesión –por ejemplo, mantener un gran déficit presupuestario– es porque se les pueden terminar las reservas monetarias internacionales (en su mayor parte dólares). Es decir, si crecen a un paso normal mientras otras economías se contraen, sus importaciones crecerán más rápido que sus exportaciones y su balanza comercial empeorará. El propósito de la ayuda externa es permitir que esto suceda, en vez de que la economía sufra una contracción para mejorar la balanza comercial.

En un sentido, no es completamente justo culpar al FMI por el fracaso de sus políticas, ya que el Fondo tiene un jefe: el Departamento del Tesoro de EE.UU. Aunque el FMI tiene 185 países miembros, Washington da las órdenes. Esta estructura fue establecida con la creación del Fondo en 1944, cuando Europa estaba en las ruinas y la mayor parte del mundo en desarrollo todavía estaba colonizado. Se produjo, comprensiblemente, un descontento en EE.UU. cuando la administración de Obama designó en posiciones importantes a personas que habían sido responsables en gran parte por el desastre económico actual. El FMI tiene el mismo problema, pero mucho peor. Los individuos nombrados por Obama serán presionados a renunciar si fracasan, y los demócratas tienen que preocuparse por la reelección. No existe responsabilidad comparable en el FMI.

Mientras tanto, las reformas más importantes se llevarán a cabo a niveles nacionales y regionales, más allá del G-7 y el nominalmente expandido G-20. En meses recientes China ha extendido acuerdos de intercambio de divisas de miles de millones de dólares a Corea del Sur, Hong Kong, Indonesia, Malasia y Bielorrusia, después de rechazar las peticiones de los países ricos para darle más dinero al FMI en la ausencia de una reforma institucional. Los países ASEAN+3 (la Asociación de Naciones Asiáticas del Sureste más China, Japón y Corea del Sur) están encaminándose hacia la creación de un Fondo Monetario Asiático de 120 mil millones de dólares. Y se espera que el Banco del Sur de Sudamérica se inaugure en mayo con un capital inicial de 10 mil millones de dólares de Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Si los países en desarrollo están dispuestos a demostrarle al G-7 que pueden alejarse de cualquier acuerdo que pueda perjudicarlos, mientras generan alternativas propias a nivel nacional y regional, los gobiernos de los países ricos finalmente verán la necesidad de reformas financieras internacionales serias.

* Codirector del Centro de Investigación Económica y de Políticas (Center for Economic and Policy Research) en Washington, D.C.