Desde Medellín

Sin disimular sonrisas, terminó anteayer la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Medellín. Las directivas del banco se marcharon con los bolsillos llenos de nuevos miles de millones de dólares: lograron comprometer a los países socios para recapitalizar el banco. Las autoridades locales respiraron tranquilas; los visitantes se llevaron la mejor impresión de Medellín: no pudieron, no quisieron, o no les permitieron, conocer la otra realidad de una ciudad donde, nuevamente, hierven las mafias de la droga y las fuerzas paramilitares. Y las organizaciones sociales, que celebraron un evento paralelo a la asamblea, consiguieron que, al menos, Bill Clinton se acordara de ellas y le pidiera al presidente del BID mirarlas y escucharlas.

Pero no todo fue una historia feliz. Esas mismas organizaciones se encargaron de ponerle las gotas amargas al pastel del cumpleaños 50 del BID. Mientras en la recientemente construida y engalanada Plaza Mayor los gobernadores del banco se encontraban para deliberar si sacaban más dinero público de sus países para inyectar la entidad multilateral, en los sectores populares del centro y los barrios de la ciudad se realizaba la Asamblea de los Pueblos, una coalición de 42 organizaciones de América latina, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, que vinieron a la ciudad a denunciar “que los proyectos del BID en la región son un desastre”.

Y mientras alcalde, ministros y empresarios se empeñaban en ofrecer la mejor imagen y las mejores atenciones a los embajadores del mundo, una veintena de organizaciones sociales locales se esforzaba por ofrecer los recursos para que la Asamblea del Frente BID –o anti BID como la llamaban algunos– realizara sus denuncias. Primero, una marcha de protesta de más de dos mil personas. “En lugar de estimular el desarrollo económico y social, este banco ha estado a lo largo de su historia del lado de los poderosos, financiando la desigualdad”, declaraban los manifestantes. “Peor el remedio que la enfermedad”, se arengaba.

Jana Silverman, vocera del Frente e integrante de la ONG uruguaya Social Watch, le dijo a Página/12 que una de las denuncias es que “el BID trabaja bajo un modelo de desarrollo que favorece las grandes empresas exportadoras, el mercado de la extracción de recursos naturales, la privatización de los servicios públicos como el agua y la luz, y no favorece a las poblaciones más vulnerables”. Para demostrarlo vinieron a la ciudad un centenar de representantes de experiencias de la región donde el BID financia proyectos fracasados, como el caso de la represa de Yacyretá, en la provincia de Corrientes, conocida como “el monumento a la corrupción”. El argentino Diego Rodríguez, de la Fundación M’Bigua, le explicó a este diario que este proyecto, para el que el BID y el Banco Mundial desembolsaron 1800 millones de dólares, “trajo fuertes impactos sociales y ambientales que hasta el día de hoy no se han podido mitigar y que no se pueden compensar. Se desplazaron personas, se desaparecieron tierras de pueblos primarios y no se usaron canales de participación para la sociedad civil”.

“Seguiremos ayudando a esta región del hemisferio que tanto nos necesita”, se escuchó de los países industrializados. “Gracias al banco hemos tenido mayores oportunidades”, decían algunos países socios beneficiarios. Los críticos reunidos en la Asamblea de los Pueblos, en cambio, ponían unas enormes comillas a la palabra “desarrollo” cuando hablaban de las otras experiencias. De Brasil, se mostró el caso del proyecto hidroeléctrico Cana Brava, que dejó sin hogar a 800 familias hace seis años. Hoy ninguna ha recibido ni un real ni un dólar por su pérdida. En Perú, el proyecto de gas natural Camisea financiado por el banco aisló a los pueblos indígenas de los bosques amazónicos. Además, “conduciendo profundas tuberías en sus territorios ancestrales, el proyecto produjo contacto con trabajadores que llevan las enfermedades mortales a estas poblaciones”, señaló César Gamboa de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

La Asamblea de los Pueblos manifestó, sobre todo, preocupación por las pérdidas del banco y las decisiones tomadas en Medellín. “Son 1900 millones de dólares de lo que llaman créditos basura que el mismo presidente del BID reconoció que se perdieron”, declaró a Página/12 Margarita Florez, del Instituto Ilsa, de Bogotá. Al cierre de la junta del banco, nadie explicó cómo se recuperarán esos millones “perdidos”. El presidente, Luis Moreno, apenas remató con agradecimientos por “el apoyo recibido para iniciar un proceso (recapitalización) que nos lleva a contar con los recursos necesarios para apoyar el desarrollo en nuestra región”. Moreno asegura que se deberá aumentar el capital de 100 mil millones de dólares a 250 o 280 mil millones de dólares. Al respecto, Florez puntualizó que “si hay que recapitalizar hay que hacerlo en condiciones que nos permita a la sociedad civil evaluar qué pasa con la inversión que van a hacer nuestros países porque todos somos socios”. Jana Silverman concluyó que el Frente no está en contra de un banco regional, “lo que queremos es uno que realmente haga algo para cerrar la brecha social, que estimule más la producción campesina y que piense un modelo de desarrollo más enfocado en lo local y en los derechos”.