El caso de un ex guerrillero italiano ocupa la atención de la Justicia y la política brasileñas. Extraditar o no a Cesare Battisti, esa es la cuestión. Ayer, por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Superior Tribunal Federal (STF) de Brasil se declaró favorable a la extradición del ex militante de izquierda acusado de homicidio en su país de origen. “Es una gran satisfacción”, se apuró a celebrar Franco Frattini, canciller italiano. Sin embargo, la decisión todavía no es definitiva. Al cierre de esta edición, el máximo tribunal brasileño aún sesionaba para decidir si su fallo era o no vinculante para el Poder Ejecutivo. “Si la decisión es determinante, uno no la discute, la cumple”, dejó en claro el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su encuentro con el premier italiano, Silvio Berlusconi, el pasado lunes en Italia. Pero Battisti, en huelga de hambre desde hace cinco días, no tiene planes de volver a Roma. “De Brasil no salgo vivo”, advirtió el ex guerrillero en una entrevista a la agencia italiana ANSA.

La Justicia italiana le atribuye a Battisti, un ex militante de la guerrilla Proletarios Armados por el Comunismo (PAC) –una escisión de las Brigadas Rojas–, cuatro asesinatos en la década del 70. El ex guerrillero, por su parte, niega los cargos y se declara inocente. Pero los tribunales de Roma ya lo condenaron en ausencia: la sentencia fue cadena perpetua.

Battisti lleva más de dos décadas prófugo de la Justicia de su país: se fugó de Italia en 1981 y vivió clandestinamente en México durante ocho años antes de trasladarse a Francia. Allí, en París, el italiano se benefició de la por entonces vigente “doctrina Mitterrand”, que, según había establecido el presidente socialista, negaba la extradición de ex militantes de grupos armados que hubiesen renunciado a la violencia. Cuando el Consejo de Estado galo puso fin a esa doctrina, Battisti, rápido, cruzó el Atlántico y se instaló en Brasil.

En marzo del 2007, a pedido del gobierno de Berlusconi, la policía local detuvo al ex militante, hoy devenido escritor de novelas policiales. En enero de este año, sin embargo, el ministro de Justicia del gobierno de Lula, Tarso Genro, intentó evitar la extradición de Battisti y le concedió el status de refugiado político. Una crisis diplomática estalló entre Roma y Brasilia. Pero la salvaguarda duró poco: en septiembre, el STF anuló el acto por considerarlo ilegal. El caso volvió entonces a la Justicia.

Hasta hace unos días, los votos en el alto tribunal de Brasil estaban empatados cuatro a cuatro, con dos abstenciones por razones de conciencia. Ayer fue el propio presidente de la Corte, Gilmar Mendes, quien inclinó la balanza a favor de la extradición. “Mis pensamientos están con los familiares de las víctimas”, declaró el magistrado al momento de emitir su voto. Es que, según Mendes, los supuestos crímenes de Battisti, a pesar de haberse cometido mientras éste era un guerrillero, son de tipo penal y no políticos. “No veo cómo se podría atribuir, ante de las descripciones, carácter de crimen político a los asesinatos”, argumentó el titular del STF después de leer los registros de la Justicia italiana sobre las circunstancias en las que los crímenes imputados a Battisti se habrían cometido. “Ciertas especies de crímenes, no obstante los objetivos políticos, no pueden ser considerados como tales”, definió el magistrado.

La decisión final sobre la extradición del italiano es inminente. Battisti, desde la cárcel de Papuda, Brasilia, al tiempo que hace huelga de hambre, se muestra confiado. “Brasil es un país soberano y no debe ceder a las presiones. Tengo mucha confianza en un desenlace favorable para mi caso”, afirmó hace algunos días.

Según el italiano, el sistema político de su país de origen debería replicar algunas prácticas del país sudamericano. “Italia es el país donde nací y donde vive mi familia. No dudo que un día podré volver a caminar por sus calles como un ciudadano libre”, afirmó. “Pero lo cierto es que Italia podría aprender algo de la sabiduría de la política de amnistía brasileña, que tanto ayudó a la democratización de este país”, expresó Battisti desde su celda en Brasilia.

La Corte brasileña todavía debe determinar si su decisión es simplemente una autorización para extraditar a Battisti o una orden de cumplimiento efectivo para el gobierno de Lula. Tal apreciación, debido a que se trata de un asunto con consecuencias internacionales, es de carácter obligatorio. Si la decisión final fuese la de dejar un margen a la política, las puertas quedarían abiertas para que el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) vuelva a otorgarle asilo al ex guerrillero italiano. “Espero que la mayoría de los ministros vote por la libertad del presidente Lula de poder decidir sobre este caso”, expresó el senador Eduardo Suplicy, del PT.