El Plan de Derechos Humanos de Luiz Inácio Lula da Silva sufrió otra modificación. Primero fue la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la última dictadura militar brasileña y ahora la legalización del aborto. Ayer, el secretario de Derechos Humanos, Paulo Vannucchi, hizo el anuncio y un mea culpa. “Reconozco que fue un error mío. La defensa del aborto en el texto se basa en la autonomía de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Es una formulación del movimiento feminista, pero no corresponde a la opinión de Lula”, explicó el funcionario, quien hace sólo unos días participó, junto a organizaciones feministas, del Foro Social Mundial en Porto Alegre.

El plan presentado por Lula a fines del año pasado es un compilado de 27 iniciativas sociales y económicas, la mayoría antiguas reivindicaciones de la izquierda brasileña. Entre ellas, un grupo atrajo la atención y la indignación de la Iglesia Católica: la legalización del aborto, la unión civil entre homosexuales y la posibilidad de adoptar niños, y la remoción de todos los símbolos religiosos de los edificios públicos. No bien se conocieron los proyectos, la Iglesia Católica atacó al gobierno de Lula y lo acusó de ser “intolerante” y “autoritario”. Ayer Vannucchi no habló de presiones del clero, pero no fue necesario.

Según publicó el diario opositor O Globo, el ministro adelantó que dentro de dos semanas se presentará un nuevo texto sobre la cuestión del aborto. Primero, agregó el matutino, se reunirá con la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil para discutir la nueva versión. “En derechos humanos siempre es preciso valorizar el derecho a la divergencia; la verdad es siempre la hija del tiempo”, argumentó el secretario de Lula.

No dio demasiadas explicaciones sobre por qué el gobierno se echó atrás, excepto que el texto original representaba más la postura del movimiento feminista que la del presidente de la Nación. Sin embargo, Lula conocía la letra chica del proyecto desde mediados de diciembre, cuanto menos, y no lo había cuestionado, ni siquiera cuando surgió el conflicto con la cúpula militar y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, por la creación de la Comisión de la Verdad.

En esa ocasión, el mandatario había hablado públicamente para intentar conciliar las dos posturas y evitar una lluvia de renuncias. Finalmente terminó aceptando que la Comisión investigue no sólo los crímenes cometidos por la última dictadura militar, sino también por los grupos armados que se oponían al régimen de facto en los años ’60, en los que participaron varios de sus actuales ministros y aliados políticos.

Algunos analistas brasileños recordaban ayer la promesa que había hecho Lula durante la visita del papa Benedicto XVI en mayo de 2007. En medio de los discursos encendidos del máximo líder de la Iglesia Católica contra el aborto, el mandatario brasileño había prometido que no presentaría un proyecto de ley sin condiciones. Según pronosticaban los medios locales, el nuevo texto sobre el aborto planteará el asunto, ya no como un derecho inherente a las mujeres, sino como un tema de salud pública.

El Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea) estimó que más de 250 mil mujeres son internadas por año por complicaciones causadas por abortos ilegales. Cifras oficiales sitúan a los abortos ilegales como la cuarta causa de muerte materna.

El secretario de Derechos Humanos prometió que el proyecto no desaparecerá, sino que será modificado. Pero la distinción no alcanzó para las organizaciones sociales que apoyaban la iniciativa. “Consideramos que es un retroceso y una falta de respeto a la democracia retirar ese proyecto. El cambio de opinión va a impedir que la gente avance en el tema de derechos humanos, la defensa de la salud y la dignidad de las mujeres”, cuestionó Kauara Rodríguez, del Cfemea.