Fue un asunto complicado limpiar la sala de un hotel de la ciudad norteña de Torreón. Un grupo de hombres armados y con las caras cubiertas había entrado en la noche de un sábado y desparramado balas en un salón de baile lleno de hombres y mujeres. Un total de 17 personas fueron asesinadas y docenas lastimadas en un aparente ataque indiscriminado, que duró dos minutos. De acuerdo con los testigos, la agresión fue perpetrada por cuatro hombres que dispararon 120 balas a los asistentes de la fiesta de cumpleaños, que había sido organizada a través de Facebook.

Cuando los detectives comenzaron a recoger la evidencia tuvieron un descubrimiento que volvió la masacre algo más interesante. Los estudios de los forenses revelaron que los casquillos habían sido disparados desde los rifles de asalto AR 15, los mismos que usan los guardias en una prisión del estado de Durango.

La investigación terminó con la directora de la prisión de la localidad de Gómez Palacio y con tres funcionarios en arresto domiciliario. El fiscal general anunció que había descubierto la conspiración. Durante varios meses, de acuerdo con los detectives, los guardias habrían estado liberando a unos grupos de reclusos, a quienes les daban armas automáticas y los mandaban en vehículos oficiales a cometer matanzas vinculadas con asuntos narcos. Después de cometer los ataques, los prisioneros volvían a la cárcel, devolvían las armas y regresaban a sus celdas. Se supone que las autoridades que facilitaron las excursiones sangrientas recibieron enormes pagos en compensación.

Nadie sabe cuántos de estos crímenes por encargo se pergeñaron tras las rejas. Ricardo Najera, un vocero de la Procuración, explicó que las pruebas de balística vincularon los AR 15 con sus ataques ocurridos en Torreón en febrero y mayo, en los que dieciséis personas resultaron asesinadas. “Según dijeron los testigos, los reclusos eran autorizados por la directora a dejar la prisión para llevar a cabo las venganzas, empleando automóviles oficiales y usando las armas de los guardias para las ejecuciones”, dijo el domingo Najera en una conferencia de prensa. “Los delincuentes cumplían sus ejecuciones como parte de ajustes de cuentas contra integrantes de bandas rivales vinculadas con el crimen organizado. Por desgracia, en dichas ejecuciones, los delincuentes también asesinaron cobardemente a civiles inocentes, para luego regresar a sus celdas”, dijo el portavoz de la Procuración.

El caso, que dominó las noticias del fin de semana en México, ofrece una ilustración gráfica de cómo los carteles lograron permear los espacios oficiales. Grandes ganancias, de casi un tres mil por ciento por cada envío, obtienen las bandas que contrabandean cocaína desde Su-damérica hasta los Estados Unidos, principal lugar de consumo. El comercio mueve miles de millones de dólares y por eso provee a los delincuentes de vastos recursos para coimear a los jefes policiales, a los políticos, a los soldados y ahora también a los guardias de las prisiones.

En los estados norteños de México como Durango, donde ocurrió la masacre del hotel, se atribuye la escalada de violencia a las disputas entre el cartel del Golfo y sus antiguos socios de Los Zetas. El descubrimiento de que los narcos pueden continuar sus actividades desde atrás de las rejas socava la credibilidad del presidente Felipe Calderón y de su llamada “guerra contra las drogas”. El flamante ministro del Interior, Francisco Blake Mora, dijo ayer: “El escándalo en Gómez Palacio puede ser visto como un llamado de atención para las autoridades para darse cuenta del estado de deterioro de muchas instituciones carcelarias”. A lo que agregó: “No podemos permitir que este tipo de casos vuelvan a suceder”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.