Desde Neuquén

En un acto sin muchos precedentes en el país, el Tribunal de Etica del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Neuquén decidió expulsar al asistente social Ricardo Grisotto por haber comprobado su actividad como informante del Ejército en tiempos de la última dictadura militar, manteniendo esa “función” en Neuquén capital aun después de la caída de los militares, en 1983. Es la primera vez en la Patagonia que a un profesional sus pares le quitan la matrícula, inhabilitándolo para ejercer tanto a nivel local como en el resto del país. Grisotto sigue viviendo en la capital neuquina.

La sanción a Grisotto comenzó a gestarse cuando sus pares neuquinos descubrieron su nombre en la lista de colaboradores del Ejército Argentino que la revista Veintitrés publicó el pasado enero. Allí figuraba como miembro informante que reportaba al Batallón 601 de Inteligencia, ubicado a pocos kilómetros de La Plata, ciudad de donde es originario.

El juicio se desarrolló durante más de tres horas ante unas 200 personas que se congregaron en el Centro Cultural La Conrado, de Neuquén. Con varios días de anticipación, Grisotto fue convocado a defenderse de las acusaciones, pero finalmente decidió no testificar. Entre los cargos que se comprobaron en el juicio figura “haber sido responsable de haber violado principios éticos, priorizando su condición de informante del Ejército en los años de la dictadura militar que encabezó el entonces general Jorge Rafael Videla”. Además, en la sanción condenatoria de expulsarlo de su colegio –la mayor que puede aplicar un tribunal de ética profesional– se explicó que Grisotto “violentó el secreto profesional, habiendo utilizado información propia de su trabajo en el Hospital Central de Neuquén Castro Rendón para su tarea de informante, desplegando además una actividad de inteligencia paralela a su labor profesional”.

Algunos de los testigos que detallaron pormenorizadamente las actividades que desarrolló Grisotto en el hospital neuquino fueron el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital C. Rendón, el médico César Dell’Alli, y Alicia Sepúlveda, miembro de la Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén. Además testificaron Lolín Rigoni, de las Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y el Alto Valle, y Alicia Pizarro, quien como asistente social fue la miembro colegiada que impulsó la acusación contra su colega.

“Esto que pasó aquí no es sólo hablar del pasado, sino que es abordar el aquí y ahora para repudiarlo y que nos marque el camino que se debe tomar ante personajes como el juzgado este día en Neuquén”, dijo a Página/12 la dirigente platense Nilda Eloy, quien viajó al sur para apoyar la actividad que se llevó a cabo el último fin de semana. “Si bien no le hemos encontrado el resquicio para llevar a Grisotto ante la Justicia regular por los hechos que aquí se comprobaron, pienso que la decisión de inhabilitarlo profesionalmente es absolutamente sanadora para toda la sociedad neuquina y también para todo el país. Porque no queremos que nos vigilen, que nos investiguen y que usen cada una de nuestras palabras para reprimirnos, condenarnos, someternos y encapucharnos nuevamente. El repudio de sus propios colegas reafirma lo que sentimos muchos en la Argentina de hoy”, finalizó.

Silvia Roca, secretaria del colegio de asistentes sociales neuquinos, consideró que “esta sanción es muy importante en tanto nuestro dictamen contiene elementos que pueden ser de utilidad para otras organizaciones de derechos humanos, constituyendo un antecedente muy bueno para abordar otros casos similares en el resto de Argentina”.

Si bien Grisotto actualmente figura como jubilado en el área de asistencia social del Hospital Central de Neuquén, el retiro de su matrícula lo inhabilita para asumir tareas extra, como realizar peritajes o elaborar cualquier tipo de informes.