“Son nueve los policías pasados a disponibilidad, entre ellos una mujer. La acusación es grave: apremios ilegales contra tres menores de edad. Por eso, apenas se conoció la denuncia, los separaron del cargo de inmediato.” Una fuente de la Policía Federal, consultada por Página/12, confirmó que el jefe de la fuerza, Néstor Valleca, tomó la determinación luego de conocer la denuncia y dar intervención a la División Asuntos Internos. El caso ocurrió el miércoles de la semana pasada en la Comisaría 23ª, ubicada en Santa Fe 4000, en el barrio porteño de Palermo, pero se conoció recién ayer. Los tres chicos, que ya recuperaron la libertad, denunciaron ante la Justicia que los llevaron detenidos acusados de un supuesto intento de robo automotor. Una vez en la seccional, según su relato, fueron “golpeados y sufrieron apremios ilegales, incluyendo el pase de corriente eléctrica”. Uno de los autores materiales del hecho habría sido la mujer policía detenida, pero la denuncia involucra a los nueve federales.

“Ahora hay dos investigaciones paralelas, la interna, en la que se tomó la medida administrativa de pasarlos a disponibilidad, y la que lleva adelante la Justicia”, confirmó la fuente de la Federal. “No habría prueba suficiente contra los menores, los que ya recuperaron la libertad”, precisó el vocero policial. Entre los policías sancionados hay oficiales y suboficiales que estuvieron a cargo del operativo en forma directa o que tuvieron responsabilidad en los hechos investigados, luego de la detención de los tres chicos. La causa por apremios es investigada por el juzgado de instrucción 34 de la Capital Federal, a cargo de Federico Salvá.

“En estos casos, de hechos tan graves, el pase a disponibilidad es inmediato y también es muy difícil que vuelvan a ser reincorporados”, aseguró la fuente policial consultada por este diario. La información que se pudo conocer en medios judiciales indica que Salvá está a cargo del caso de apremios, que primero pasó por un juez de menores que sigue al frente de la investigación por el supuesto robo. Los hechos ocurrieron el miércoles en el barrio de Palermo, cuando los tres chicos fueron detenidos en un procedimiento durante el cual hubo golpes y malos tratos en contra de los “sospechosos” de intentar robar un auto en la vía pública.

Entre los sancionados por la Federal se encuentra una mujer policía que habría aplicado “una descarga eléctrica sobre al menos uno de los menores de edad” imputados por el supuesto robo, según admitieron las fuentes policiales consultadas. La Federal no dio a conocer ninguna información oficial sobre los hechos, que sí fueron confirmados por distintas fuentes de la repartición. Ahora, el encargado de seguir con el caso es el juez de instrucción Salvá, quien recibiría en estos días un informe acerca del trámite administrativo a cargo de Asuntos Internos.

Voceros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ante una consulta de este diario, dijeron que “por el momento” no habían recibido ninguna denuncia sobre este nuevo caso de apremios ilegales en contra de la Policía Federal, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, hoy a cargo de Julio Alak. La Defensoría, cuya titular es Alicia Pierini, dio a conocer, a fines del año pasado, un duro informe sobre cerca de un centenar de denuncias por apremios y torturas contra la Federal.

De ese total fueron seleccionados veinte casos de extrema gravedad, incluyendo cuatro homicidios, tal como informó Página/12 en su edición del 6 de enero pasado. El informe cubría sólo los casos de violencia policial ocurridos hasta el 31 de octubre del año pasado, motivo por el cual no incluyó hechos como la represión durante el recital de Viejas Locas, el 14 de noviembre de 2009, donde murió el joven Rubén Carballo, o el violento desalojo de la Mutual Sentimiento, del 9 de noviembre de ese año.

El documento, de 65 páginas, fue difundido bajo el título “Informe especial sobre violencia policial” en la ciudad de Buenos Aires. Pierini advirtió, en ese momento, que los casos de apremios y homicidios impunes de la Federal venían creciendo desde 2008. Muchos de esos casos surgen a partir de operativos que se llevan a cabo siguiendo lo que en la jerga policial se denomina “actitud sospechosa” o lo que se conoce como “olfato policial”. Todo parece indicar que, en el caso de los tres jóvenes detenidos en la comisaría 23ª, lo que predominó fue alguna de esas actitudes tan extendidas en los últimos tiempos.

Luego de señalar que esas prácticas persisten a más de 27 años del fin de la dictadura militar, la Defensoría sostuvo que se mantiene el modelo original de reprimir “todo tipo de conducta, incluso de acciones no delictivas, inscriptas en conceptos primitivos de salubridad y moralidad pública”. Las víctimas son “personas en general socialmente vulnerables, consideradas y estigmatizadas por la propia policía como peligrosas”.