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La Justicia ordenó a las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja (Unlar) reincorporar a un grupo de docentes con participación gremial que habían sido cesanteados. Los profesores habían presentado un recurso de amparo denunciando “persecución política” porque todos se desempeñan en el sindicato ARDU, enfrentado a la gestión del rector Enrique Tello Roldán: los despidos, que se produjeron entre 2007 y 2009, alcanzaron a once de los doce integrantes de la comisión directiva del gremio. Tras las medidas cautelares, un profesor ya fue reincorporado y al menos cinco más esperan el final del receso para retomar su actividad académica. Además, la Justicia Federal abrió una causa para investigar al rector y las autoridades del Departamento de Ciencias Sociales.

“En el 2007 nos fue dejando cesantes uno por uno a todos los integrantes de la comisión directiva de la ARDU. Con las resoluciones judiciales no sólo tiene que volver atrás, sino que además se sustanció una investigación para el rector y las autoridades del consejo directivo de Humanidades por presunta estafa procesal”, explicó a Página/12 la docente y médica Estela Cruz, secretaria general del gremio. Este diario intentó comunicarse con las autoridades de la Unlar, tanto con el rector Tello Roldán –que acaba de asumir su séptimo mandato consecutivo al frente de la casa de estudios– como con el decano de Ciencias Sociales, José Chumbita, pero ninguno se encontraba disponible. Cuando comenzó el conflicto, las autoridades de la universidad riojana argumentaron que los docentes implicados desempeñaban cargos “interinos” –es decir, contratados– y por ello no consideraban que se hubieran producido cesantías.

Entre 2007 y 2009, el rector y las autoridades de los departamentos fueron determinando el cese de casi toda la comisión directiva de ARDU. De doce integrantes que componían la conducción gremial, a once no se les renovaron los contratos, sin tener en cuenta su condición de representantes sindicales. Las presentaciones judiciales de los docentes comenzaron a dar resultados antes del receso invernal. La ejecución de las sentencias está a la espera de la reanudación de clases.

Uno de los amparos que habían solicitado los docentes fue por el caso del profesor Horacio Brígido, despedido en 2007. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba exigió a la Unlar que sea “reincorporado en un plazo de cinco días” en sus cátedras. Brígido ya fue restituido y su caso llevaba, además, una “denuncia por estafa procesal” por el concurso del cargo en litigio. La investigación que ordenó la Cámara deberá establecer si se cometió un “delito penal porque armaron el concurso del cargo de Brígido en tiempo record para que no pudiera retomarlo, aun sabiendo que existía un reclamo de fondo”, explicó Cruz.

En otro de los recursos solicitados que ya tienen sentencia favorable, la Cámara establece que las profesoras María Ernestina Cubilo y María Gonaldi sean reincorporadas y se respete la ley de asociaciones profesionales: para cesantearlas nuevamente la universidad deberá realizar antes “el juicio de desafuero” por la tutela sindical con la que cuentan. En el mismo sentido fueron beneficiados María Alonso, Estela Cruz, Aníbal Magno y Cecilia Olmedo. Además, el Juzgado de Primera Instancia de La Rioja declaró la nulidad de la resolución del Consejo Superior en la que se convocaba a concursar sus cargos. El juzgado estableció que las designaciones producidas a través de esos concursos para reemplazar a los cesanteados deben “cesar inmediatamente por carecer de validez y eficacia”.

Los docentes de ARDU mantienen un permanente conflicto con Tello Roldán casi desde la nacionalización de la universidad, en 1994. Estela Cruz incluso llegó a representar a la minoría de profesores en el consejo directivo de Ciencias de la Salud. “Ya van dos elecciones que no se presenta nadie en la oposición para no seguir legitimando” a la actual gestión.