La Ley de Caducidad sigue encendiendo los ánimos en Uruguay. Días atrás, el Senado aprobó un proyecto interpretativo que dejaría sin efecto la norma que impide el juzgamiento de los represores que actuaron durante la dictadura (1973-1985). Aunque todavía resta que la Cámara de Diputados otorgue la aprobación definitiva, los militares ya están pidiendo al presidente José Mujica que vete la futura ley.

Todos los 14 de abril los sectores golpistas uruguayos se reúnen para conmemorar lo que ellos llaman la “lucha contra la sedición”. Este 14 de abril tuvo un sabor especial. Sólo dos días atrás, el gobernante Frente Amplio (FA) logró que avance en el Senado el proyecto interpretativo sobre la Ley de Caducidad, que una vez que sea aprobado en Diputados podrá reactivar las causas paralizadas contra los represores uruguayos y ponerlos tras las rejas.

Por eso, los ex militares están haciendo todas las gestiones posibles para que el Ejecutivo les dé un poco de aire. La otra semana se reunieron con Mujica y ayer hicieron un acto en Montevideo, en el que volvieron a vociferar su reclamo. Desde el Círculo y el Centro Militar denunciaron un “ataque sistemático contra la institución militar”. Especialmente se quejaron porque ellos insisten en que sus crímenes están prescriptos y que el FA intenta reabrir una “máquina del tiempo”. El presidente del Círculo castrense, el general retirado Ricardo Galarza, fue por más y dijo que los organismos de derechos humanos habían sustituido a lo que él denomina las “organizaciones terroristas” en el ataque moral a las Fuerzas Armadas.

“El único terrorismo que hubo fue el que ejercieron ellos desde el Estado”, respondió Eduardo Pirotto, integrante de Madres y Familiares de uruguayos detenidos-desaparecidos, consultado por este diario. “Ellos se adueñaron de todo desde el momento del golpe del ’73, y con algunos ensayos previos, y desde allí ejercieron el terrorismo. Todavía padecemos sus consecuencias y seguimos sin que nos aclaren qué pasó con la inmensa mayoría de las víctimas”, agregó el militante de derechos humanos. Desde esa organización dijeron que la reacción de los militares no los alarma demasiado. “Está pasando lo que suele ocurrir. Hacen amenazas. Hablan de conmoción”, ejemplificó Pirotto.

Los abogados que representan a los militares presos en la cárcel VIP de Domingo Arena dijeron que estaban evaluando pedir la libertad de sus defendidos, si se elimina la Ley de Caducidad. El argumento que esgrimen es complicado. Como los represores fueron juzgados porque el Poder Ejecutivo los excluyó de la Ley de Caducidad, entienden que si esa norma queda anulada también pasaría lo mismo con la sentencia de quienes violaron los derechos humanos.

Sin embargo, desde los organismos de derechos humanos descartan que se pueda abrir esa lúgubre posibilidad. “Yo creo que si se aprueba el proyecto interpretativo, eso no podría operar a favor de los represores procesados o condenados. Ellos deberían mantener su situación”, dijo a Página/12 Pablo Chargoñia, abogado de las víctimas de la dictadura uruguaya. “En el caso Gelman, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que no se puede aplicar ninguna norma nacional que exima de su responsabilidad a quienes cometieron estos crímenes. Una resolución de excarcelación iría en un sentido contrario”, explicó. Y remarcó: “Si pasara esto, Uruguay entraría en una situación de impunidad estructural y desacato a la Corte IDH”.

El gobierno uruguayo mostró tensión por el panorama que inaugura la probable desaparición de la Ley de Caducidad. “La verdad es que estoy preocupado por esta situación que, aunque previsible, tensiona todo”, confesó el presidente Mujica al semanario Búsqueda. Aunque debió aclarar: “Lo que sí tengo claro es que mi responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo es bancar todo y que todo se desarrolle dentro del marco de la más plena institucionalidad, que todo funcione como corresponde”.

Más allá de un posible malestar, la votación del martes en el Senado podría tener repercusiones dentro del mismo gabinete. Después de que renunciara ese día a su banca el senador y ex militante tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro por haberse visto obligado a votar a favor del proyecto interpretativo con el que no acordaba, empezó el debate sobre quién podría reemplazarlo en la Cámara alta. Su suplente sería el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que estaría dispuesto a abandonar su cartera para migrar hacia el Senado. Mujica no quiere que Rosadilla deje su puesto en el gabinete, pero la decisión quedará en manos de la frenteamplista Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), que integran tanto Huidobro como Rosadilla. Según publicó el diario El País, el actual ministro y Huidobro no sólo comparten el espacio de militancia, sino que también los une su rechazo a la alternativa votada mayoritariamente por el FA para eliminar lo que muchos llaman la “Ley de Impunidad” y que se espera que la Cámara de Diputados la elimine en el próximo mes.

Informe: Luciana Bertoia.