El Tribunal Supremo español desestimó ayer el recurso presentado por el partido independentista vasco Sortu. Los abogados de la formación abertzale habían pedido que se levantara la prohibición para inscribirse en el registro de partidos políticos con vistas a las elecciones regionales y municipales que se realizarán el próximo 22 de mayo en España.

El 23 de marzo pasado, la máxima instancia judicial española había dicho que era “una amenaza objetiva y grave” para la democracia ibérica que este partido de la izquierda vasca pudiera presentarse en los próximos comicios, ya que los supremos entendían que esto le allanaría el camino a la organización separatista ETA para obtener financiación. El 7 de abril, los abogados de Sortu, Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, apelaron la decisión y declararon su nulidad. Pero el Tribunal respondió ayer que mantenía la misma determinación que ya había dado a conocer el mes pasado.

Según publicó el diario español El País, que el Tribunal Supremo no haya admitido el recurso habilita a los letrados de la formación vasca a acudir en amparo al Tribunal Constitucional. El 18 de abril es la fecha límite para realizar la presentación ante esa instancia. Justamente ése es el último día en que los partidos pueden inscribir sus candidaturas. Como restan tres días, aunque Sortu realice una presentación express, el Tribunal Constitucional no podrá pronunciarse antes del lunes. Por lo que es aparente que Sortu no podrá debutar en las elecciones de mayo y recién escuchará el pronunciamiento dentro de varios meses. Según admitió el abogado Iruin, la intención de las autoridades del partido era fundamentalmente demostrar que se trataba de un partido legal, más que participar en las elecciones regionales.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero solicitó a comienzos del mes pasado la ilegalización de Sortu por entender que se trataba de una nueva fachada de ETA para regresar a las instituciones después de que, en 2003, se prohibiera al Batasuna, su brazo político. Sin embargo, en los estatutos de Sortu se condena la violencia de todo tipo, incluso la del grupo independentista vasco, aunque no se pide explícitamente la disolución de ETA, que hace meses llamó a un alto el fuego. Pero el gobierno socialista español piensa que ese paso no es suficiente y reclama la disolución de la organización. Por eso, la demanda que presentó la oficina a cargo de Alfredo Pérez Rubalcaba, el número dos de La Moncloa y posible sucesor de Rodríguez Zapatero, remarcaba que los informes de la policía y la Guardia Civil identificaban a Sortu como “un proyecto de la banda terrorista”.

Ahora, las autoridades españolas están vigilando las listas electorales de Bildu, una nueva agrupación que integraría a los miembros de los partidos Eusko Alkartasuna y Alternativa, así como a independientes. El gobierno advirtió que si en las listas encuentra a integrantes del Batasuna, impugnará su presentación y correrá igual suerte que Sortu.

La ilegalización de partidos vinculados con el antiguo Batasuna impide que puedan concurrir a cualquier proceso electoral en España. En ese país está vigente desde 2002 la Ley de Partidos Políticos, que prevé la prohibición de agrupaciones que apoyen, amparen o no condenen lo suficientemente fuerte al terrorismo.