Un coronel retirado del Ejército se convirtió en el primer militar brasileño en reconocer formalmente haber torturado, matado y ocultado cadáveres de presos políticos durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. El coronel Paulo Malhaes relató su “trabajo” en la llamada Casa de la Muerte, un centro clandestino en Petrópolis, a unos sesenta kilómetros de Río de Janeiro, donde se calcula que veinte personas fueron asesinadas. El testimonio del ex represor se produjo ante la Comisión Nacional de la Verdad, instalada en 2012 por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Esta comisión, que busca esclarecer lo sucedido durante los años de plomo, expresó también su propósito de investigar el apoyo logístico y financiero de empresarios a la dictadura.

Malhaes no dio muestras de arrepentimiento. Cuando el ex ministro de Justicia José Carlos Dias le preguntó si se arrepentía de sus actos, el militar contestó con un escueto “no” y defendió el uso de la tortura. Según reveló ayer la prensa brasileña, en el interrogatorio conducido por el ex ministro, el militar, de 76 años, reivindicó su accionar durante aquellos años. Dias preguntó a Malhaes a cuántas personas había matado: “Tantas cuantas fueron necesarias”, fue la respuesta del coronel, quien se negó a precisar el número de presos políticos que torturó. “Es difícil decirlo, pero fueron muchos”, confesó.

“La tortura es un medio. Si uno quiere conocer la verdad, tiene que presionarme”, argumentó Malhaes, quien también admitió que se encargaba de mutilar los cadáveres y ocultar los restos de los presos asesinados para evitar que fueran identificados. “En esa época no existía el ADN. Las partes que podían identificar a una persona eran el arco alveolar y las huellas dactilares”, recordó, al afirmar que solía romper los dientes y amputar los dedos de los cadáveres.

Dias admitió que, “pese a mis largos años como abogado, me sentí impactado por la descripción de las mutilaciones. Yo no diría que él fue valiente. Se trata de un exhibicionista, de un sádico”. Más allá del impacto causado por la frialdad con la que relató las prácticas de tortura en que participó, el testimonio de Malhaes frustró a los integrantes de la Comisión en razón de las escasas informaciones suministradas. Por ejemplo, el coronel se negó a confirmar la identidad de los desaparecidos que pasaron por la Casa de la Muerte, alegando que ya no se acordaba de ellos. En principio, Malhaes no podrá ser acusado penalmente de los crímenes que confesó en razón de la Ley de Amnistía, dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.

Pero la Comisión se propone identificar a los cómplices civiles de los militares, al cumplirse los cincuenta años del golpe de Estado el próximo 31 de marzo. De hecho, un grupo de académicos de diferentes universidades, centros de estudios y organizaciones sociales lanzó esta semana en Río de Janeiro el Grupo de Estudios Más Verdad, con el fin de investigar junto a la Comisión “el papel de grupos económicos en la preparación y la conducción del golpe”.

Además de intentar identificar a los empresarios y empresas que apoyaron el golpe, los investigadores convocados por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) también se proponen investigar “la variación del patrimonio de estos grupos en los últimos 50 años y sus relaciones históricas con el Estado brasileño”.

“Esa búsqueda no es de ahora. Ya hay muchas investigaciones sobre el apoyo civil al golpe. Lo que diferencia los análisis de ahora es la búsqueda específica de empresarios que apoyaron no sólo el golpe, sino también la represión”, dijo la historiadora Martina Spohr, investigadora del Núcleo de Documentación de la Fundación Getulio Vargas. “Ya se sabía de la participación de políticos y personalidades, pero la intención ahora es identificar la responsabilidad de empresarios en la financiación. Hay una nueva perspectiva de estudios en la que se habla del golpe empresarial-militar”, agregó la historiadora.

Spohr recordó que los primeros estudios que mostraron el dedo de los empresarios en el golpe datan de la década de 1980, cuando el investigador uruguayo René Armand Dreifuss identificó las entidades empresariales que financiaron una campaña contra el presidente Joao Goulart, derrocado por sus supuestas inclinaciones comunistas.

“A finales de marzo queremos divulgar un primer comunicado sobre eso (apoyo de empresarios a la dictadura). Las empresas apoyaron el golpe, pero también apoyaron el proceso represivo con dinero, armas, autos, gasolina”, aseguró recientemente la abogada criminalista Rosa María Cardoso, una de las integrantes de la Comisión. La abogada explicó que el grupo que coordina está intentando identificar a empresarios o empresas que puedan ser responsabilizadas.

En un informe presentado en mayo del año pasado, la Comisión demostró que entre los años 1970 y 1973 se registraron alrededor de 730 denuncias de tortura, las cuales eran de conocimiento del entonces presidente Ernesto Geisel y toda la cadena de mando que incluía al ministro de la marina, la fuerza aérea y el ejército. Durante los doce meses de investigaciones de la Comisión se recogieron 268 testimonios de víctimas, testigos y agentes de represión de la dictadura, de los cuales 207 declarantes fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, indicó.

La Comisión mantuvo relación con gobiernos de otros países, grupos de derechos humanos y movimientos sociales de países vecinos, tales como Argentina, Paraguay y Chile, donde las dictaduras colaboraron en el denominado Plan Cóndor, que tenía como fin eliminar a líderes guerrilleros y de organizaciones de izquierda.